Mientras espera por la resolución del reclamo que le realizó al Gobierno para extender la duración de su contrato como concesionario de la mayor parte de las terminales aéreas del país, Aeropuertos Argentina inauguró en Salta las obras de la terminal local, una inversión que totalizará los US$ 110 millones, divididos en dos etapas.
El desembolso permitirá incrementar las operaciones aéreas en un 65% y absorber el volumen creciente de pasajeros, que solo entre enero y julio de este año superó las 830.000 personas. La primera fase habilita un nuevo hall principal, 32 puestos de check-in, la ampliación de 650 m² en el embarque doméstico, nuevos edificios técnicos de soporte y la incorporación de marcas comerciales.
Este desembolso forma parte de una estrategia mayor de la compañía, que en los últimos cinco años lleva invertidos más de US$ 1.000 millones en terminales y pistas de todo el país. Durante el acto oficial encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz, la presidenta del Orsna, Noelia Ruiz, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, se destacó el impacto dinamizador que tendrán estas inversiones.
Ketchibachian remarcó que funcionan como un motor directo de desarrollo para el turismo y la economía regional, y apuntó que ahora se continuará con una segunda etapa de obras, centrada en la ampliación del embarque internacional, el sector de migraciones en arribos y una nueva sala VIP doméstica. Al concluir el proyecto, la superficie total trepará a los 16.160 m², consolidando al aeropuerto salteño como uno de los nodos aerocomerciales de mayor envergadura del norte argentino.
“No es solamente una puerta de entrada y salida a la provincia sino una herramienta para el desarrollo económico y para generar nuevas oportunidades de inversión y empleo», dijo el gobernador salteño durante la presentación de las obras.
Este anuncio se da en medio de la tensión que se comenzó a hacer pública entre Aeropuertos Argentina y el Gobierno. La disputa central gira en torno a la renegociación del contrato de concesión del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos, donde las partes mantienen diferencias sobre la revisión de la ecuación económica y las condiciones para extender o sostener los plazos concesionados.
El núcleo de la controversia radica en los reclamos cruzados sobre los márgenes de rentabilidad de la operadora privada y el plan de compromisos de inversión. Mientras la compañía sostiene que cumplió con los desembolsos pactados en las prórrogas previas, desde el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) se busca ajustar los términos contractuales y la estructura tarifaria.
A este escenario se suma el estancamiento de nuevos proyectos de gran envergadura que, según la empresa, se darían en caso de no logar una ampliación del contrato.
Los planes de expansión de infraestructura previstos suman unos US$ 600 millones en inversiones, y ahora se encontrarían condicionados a que se resuelva la letra chica de la concesión y se garantice un marco de certidumbre jurídica de largo plazo. Desde la administración nacional advirtieron sobre la aplicación de penalidades o eventuales revisiones de los derechos de explotación si no se alcanzan consensos claros respecto de las metas operativas.
Por su parte, el grupo concesionario defiende la validez del esquema de subsidios cruzados y las inversiones acumuladas, argumentando que el modelo vigente ha sido el sostén para modernizar tanto las grandes terminales de alto tráfico como las estaciones del interior del país.
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