El segundo proyecto de Inocencia Fiscal que impulsa el Gobierno amplía el régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias y modifica las condiciones bajo las cuales ARCA podrá cuestionar las declaraciones de los contribuyentes.
La iniciativa, que obtuvo media sanción de Diputados, apunta a reducir la información que deben presentar las personas físicas y a limitar las facultades de fiscalización del organismo.
El esquema reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo simplificado. En la práctica, el contribuyente debe informar menos datos y, si cumple con las condiciones previstas por la ley, accede a una presunción de exactitud de su declaración.
Unos 330.000 contribuyentes que pagan Ganancias ya optaron por este régimen. La nueva iniciativa amplía su alcance al eliminar los límites de ingresos y patrimonio que actualmente condicionan la adhesión: $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.
Uno de los principales cambios está en las condiciones que deberá cumplir ARCA para impugnar una declaración. El proyecto define qué se considera una «discrepancia significativa» y establece que el organismo podrá formular observaciones cuando detecte una inconsistencia que implique una diferencia de al menos 15% en el impuesto que debería pagar el contribuyente.
Además, la carga de demostrar esa discrepancia quedará en manos de ARCA. Para hacerlo, el organismo podrá utilizar la información declarada por el contribuyente, la que figure en sus propios sistemas o la que haya sido aportada por terceros.
Uno de los aspectos que más atención generó alrededor del proyecto es su impacto sobre los dólares que las personas tienen fuera del sistema financiero o que no fueron declarados previamente ante el fisco.
El régimen no establece una amnistía general para esos fondos. El atractivo para el ahorrista pasa por las nuevas reglas de fiscalización y por la presunción de exactitud que tendrán quienes adhieran al esquema y cumplan con sus condiciones.
Por eso, los especialistas remarcan que la principal novedad no es que el proyecto permita automáticamente «blanquear» dólares no declarados, sino que modifica el marco bajo el cual ARCA podrá investigar el patrimonio y los ingresos de los contribuyentes.
La lógica del Gobierno es que, bajo el nuevo esquema, el foco de la fiscalización pase a estar en las diferencias significativas entre la información declarada y los datos que pueda reunir el organismo. La iniciativa también reduce la posibilidad de que una diferencia patrimonial o de ingresos, por sí sola, derive en una determinación de oficio si no alcanza el umbral previsto.
Durante el tratamiento parlamentario, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera «total e incondicional» a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones previstos por el régimen.
Los representantes de los tres poderes del Estado podrán utilizar el sistema simplificado como mecanismo para presentar la declaración jurada de Ganancias y pagar el saldo correspondiente. Sin embargo, no podrán acceder a la presunción de exactitud, a la liberación de fiscalizaciones ni a los demás beneficios tributarios contemplados por la iniciativa.
La exclusión alcanza a quienes ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen y hacia adelante.
Mientras el Congreso avanzaba con el proyecto, ARCA volvió a postergar el vencimiento de las declaraciones juradas de Ganancias correspondientes al período fiscal 2025.
A través de la Resolución General 5890/2026, el organismo extendió hasta el 22 de septiembre el plazo para presentar la declaración anual, que originalmente vencía el 27 de agosto. La prórroga alcanza tanto a quienes están bajo el régimen general como a quienes ya utilizan el Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
El pago del saldo de la declaración anual mantiene su vencimiento original. ARCA también postergó el pago del primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026 hasta el 24 de septiembre.
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