La larga batalla de las Universidades nacionales por el cumplimiento de la ley de Fondos sancionada hace más de un año, tendrá un nuevo capítulo este martes en una nueva negociación paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano.
La cita es a las 11 en el Palacio Pizzurno, y están convocados representantes de las federaciones docentes Fedun, Fatun, Conadu, Conadu Histórica, y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que agrupa a los rectores de más de 60 universidades de todo el país.
Cuando los delegados paritarios se sienten a la mesa con las autoridades ministeriales y con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, se habrán cumplido 315 días –según los conteos que saltan apenas se ingresa a páginas web de la UBA y otras casas de estudios- sin cumplirse la ley de Financiamiento.
“De acuerdo con la ley, falta recomponer un 30% de los salarios y creemos que ya no hay margen del lado del Gobierno para no cumplir la cautelar judicial de actualización salarial y becas estudiantiles”, expresó a Clarín Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), que concurrirá a la reunión como representante de Fedun.
La Cuarta Marcha Federal Universitaria, y su concentración en Plaza Mayo el 12-05-2026, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.Foto Juano Tesone
Agregó que “tenemos predisposición al diálogo” y aclaró que además de la recomposición que ordena la ley según la inflación acumulada desde diciembre de 2023, los docentes y no docentes deberán recibir un retroactivo desde el momento en que fue promulgada la ley.
La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, en tanto, consideró “muy contundente” el último paro nacional de 48 horas que convocó su federación el jueves y viernes pasado y se mostró escéptica de los resultados que pueda arrojar la paritaria del martes.
“Si este 1 de setiembre el Gobierno no salda la deuda con la Universidad y sus trabajadores, vamos a una agudización del conflicto”, afirmó.
La Ley de Financiamiento, judicializada ante la falta de cumplimiento del Gobierno, hizo ya todo su recorrido y la cautelar en favor de las Universidades quedó firme luego del fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado, que rechazó el último recurso extraordinario del Gobierno, que puso a los abogados del Estado, en un hecho inédito, a litigar en contra de las Universidades públicas.
La última noticia de este saga fue la audiencia que convocó el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, el 21 de agosto, y que se interpretó como “una mediación”.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el presidente Javier Milei y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez. Es que, tras el fallo de la Corte de hace dos meses, el CIN reclamó al magistrado (Cormick fue quien otorgó la cautelar, y luego fue avalado por la Cámara de Apelaciones) la imposición de multas a los funcionarios responsables, desde el subsecretario Alvarez hasta el presidente Javier Milei. E intimar el delito de desobediencia.
En esa audiencia y en forma adicional al reclamo por la cautelar, en representación de la UBA, el vicerrector Emiliano Yacobitti advirtió sobre la “grave situación presupuestaria” que atraviesan los hospitales universitarios y solicitó la asignación de los créditos contemplados en la Ley de Presupuesto 2026.
Las Universidades contaron que el Gobierno se comprometió a cumplir, pero al momento de dejarlo escrito y firmado en el acta, se negó. Y pretendía otra audiencia en los siguientes 30 días, “para seguir ganando tiempo” sin cumplir la ley, según denuncian.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y representantes de los gremios docentes, en el reclamo por la Ley de Financiamiento.El abogado constitucionalista Pablo Manili, que encabeza la demanda contra el Gobierno en representación de los rectores nucleado en el CIN, contó días pasados a la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Quilmes, que esperan despacho del juez Cormick por los pedidos de multas diarias y causa penal por desobediencia.
¿Y por qué la Justicia no avanza, tras el fallo de la Corte? “El problema es que para un juez es complicado dictar una orden contra el presidente de la Nación y que no te la cumpla. Entonces, trata por todos los medios de ir llevando la causa de modo tal de que el Gobierno la termine cumpliendo sin que la sangre llegue al río… Hay que ponerse en los zapatos de un juez de primera instancia que ni siquiera es de la Corte Suprema”, analizó el abogado con crudeza.
En esa audiencia el Gobierno volvió a pedir el levantamiento de la cautelar con el argumento de que “están pagando” la ley, apoyándose en que en mayo pasado hubo un acuerdo paritario y otorgó el 21%, más otro 3% para octubre. “El planteo es muy absurdo. Es como pedir que te levanten un embargo porque debías 10 pesos y ya abonaste 1. Afortunadamente, Martín Cormick dijo que no”, contó el abogado del CIN.
La Ley de Fondos, y su incumplimiento, impacta en el funcionamiento de las Universidades, en salarios, becas, situación de hospitales universitarios. Todo se financia del Presupuesto nacional. Están involucrados casi 2 millones de alumnos y más de 266 mil docentes y 65.000 no docentes. La Ley fue sancionada, vetada por Milei y en un hecho inédito en décadas, insistida por mayoría de dos tercios en cada una de las Cámaras del Congreso.
En este clima se llega a la paritaria de este martes, ya con los sueldos de agosto depositados, sin el 30% de incremento que correspondería. Hay versiones de que el Gobierno podría ofrecer saldar la deuda en tramos en los siguientes meses. Y también la versión contraria: que mantendrá la misma postura. Hay que ver si la Justicia toma entonces medidas para que su fallo se cumpla.
Acerca del autor
