La Justicia allanó el vacunatorio abandonado de Pilar y secuestró material patológico

El juez de Garantías de Pilar, ante un pedido del fiscal Raúl Casal, allanó el vacunatorio abandonado de esa ciudad que funcionaba en una playa de estacionamiento y secuestró material patológico, entre otros elementos abandonados en el edificio, que se encuentra desde hace años en un largo litigio judicial.

Con el auxilio de la División Ecológica y Científica de la Policía Bonaerense, el fiscal Casal hizo catalogar todo el material abandonado. Las jeringas, vacunas, vendas y otros elementos que se utilizaron durante la vacunación contra el COVID-19 fueron derivados al hospital público del lugar, mientras que los carnés de conducir que estaban tirados en el edificio fueron enviados a la Municipalidad de Pilar.

Como primera medida, el fiscal Casal libró el miércoles un oficio al jefe de la Estación de Policía de este distrito de Pilar, comisario Darío Ragio, para que “realice una custodia del predio en trato -emplazado en el kilómetro 46 de la colectora de la Panamericana, mano a Capital, donde oportunamente funcionó el centro de vacunación contra el COVID-19- con el objeto de que se impida, salvo autorización judicial competente, el ingreso de personas no autorizadas”. La medida fue adoptada porque el lugar había sido vandalizado por desconocidos.

Además, Casal informó al juez federal de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Martínez de Giorgi, sobre el procedimiento y le remitió una copia de la totalidad de las actuaciones. El magistrado tiene a su cargo una causa en la que el abogado Mateo Corvo Dolcet fue sobreseído de la acusación de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Una vez ordenado el lugar y puestos los materiales bajo custodia, el fiscal decidirá si existen responsabilidades penales de funcionarios por la desidia con la que se trataron esos bienes del Estado.

En un escrito, el dirigente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, pidió la intervención del fiscal Casal “en virtud de una preocupación concreta vinculada con la salud pública y la posible utilización ilícita de documentación y datos personales que pudieran encontrarse en su interior”. Se basó en una nota de La Nación+.

“Me preocupa particularmente la eventual existencia en el inmueble de residuos patológicos, jeringas, material descartable, vacunas, medicamentos y otros insumos de salud que pudieran haber quedado allí luego de las actividades sanitarias que oportunamente se desarrollaron en el lugar”, agregó Yofe.

Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña pidió al juez Martínez de Giorgi que “se proceda a la limpieza y recupero de diversos materiales que se encuentran en el predio ubicado en el kilómetro 46 de la Ruta Panamericana, en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, y se dé cumplimiento con la Ley Nacional 24.051 y las leyes provinciales 11.347 y 11.720 de residuos peligrosos”. El juez sumó este pedido a la causa que tiene el fiscal provincial Casal.

En un comunicado, la Municipalidad de Pilar, que conduce Federico Achával, dijo: “Es importante aclarar una cuestión sobre el predio del kilómetro 46 de Panamericana. Mientras estuvo bajo cuidado del Municipio, allí funcionaron un vacunatorio y el espacio para realizar licencias de conducir. Durante ese período, el predio se mantuvo en correctas condiciones. Fue un vacunatorio modelo en el que se aplicaron cientos de miles de vacunas”.

Luego, por decisión de la Justicia, “el predio fue entregado a quien se encuentra investigado presuntamente por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Desde entonces, el Municipio quedó imposibilitado de ingresar o realizar cualquier tarea allí”, agregó el intendente K.

“Dejamos constancia mediante fotos y videos del estado en el que se encontraban el vacunatorio y las dependencias de Licencias de Conducir» antes del desalojo judicial, agregó la municipalidad.

Desde el 13 de marzo de 2025, fecha en la que intervino la Justicia, el Municipio dejó de tener la custodia y guarda del lugar”, agregó la municipalidad en un comunicado. Sin embargo, el juez federal Martínez de Giorgi la había autorizado a retirar todos sus bienes antes de devolver el predio a Corvo Dolcet.

El lugar está en litigio desde hace años. El juez Martínez de Giorgi se lo devolvió a la empresa Pilar Bicentenario, que dirige Corvo Dolcet y que proyectaba que el edificio funcionara como estacionamiento de autos para que sus dueños pudieran tomar el tren y llegar a la Ciudad de Buenos Aires evitando el tránsito de la Panamericana.

La Cámara Federal porteña decidirá en las próximas semanas sobre el pedido de dos fiscales para revisar la decisión del juez Martínez de Giorgi de anular la megacausa por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, luego de considerar que la declaración de un narco colombiano no se había realizado de acuerdo con las normas del Código Procesal Penal argentino.

Si acepta el pedido de los fiscales Franco Picardi y Diego Iglesias, volverían a regir los embargos y se reabriría el debate sobre la propiedad que iba a funcionar como un enlace para los automovilistas que tomaran el tren hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Los fiscales, en un escrito, descalificaron la decisión de Martínez de Giorgi de anular toda la causa y, además, pidieron a la Cámara que el juez sea apartado del expediente.

En abril, Martínez de Giorgi hizo lugar a una serie de planteos de las defensas y anuló una investigación que había demandado casi diez años y permitido recuperar para el Estado argentino tres millones y medio de dólares con el apoyo de la DEA. Y luego extrajo testimonio y denunció a Achaval por desobediencia judicial ante la justicia de Campana.

Por otra parte, el juez en lo civil y comercial y contencioso administrativo federal de La Plata, Alberto Recondo, procesó al diputado massista Jorge D’Onofrio por falsificación ideológica de documento público por el trámite irregular en la legislatura bonaerense de la ley de expropiación del predio en cuestión.

La causa reveló cómo, en 2007, el número tres del Cartel de Cali, el colombiano José Bairon Piedrahita Cevallos, se asoció con el empresario argentino Corvo Dolcet para supuestamente lavar dinero a través de inversiones inmobiliarias y negocios gastronómicos. Uno de ellos fue el famoso Café de los Angelitos.

Según contó el propio Piedrahita a la Justicia de Estados Unidos, conoció a Corvo por intermedio de María Isabel Santos Caballero, viuda de Pablo Escobar Gaviria, y de su hijo, Juan Sebastián Marroquín Santos. En las maniobras también fue involucrado y, en su momento, procesado, el exjugador de Boca Mauricio “Chicho” Serna.

El Gobierno bonaerense salió a dar, por su parte, explicaciones sobre su rol en el caso. Primero lo hizo a través de Carlos “Carli” Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Axel Kicillof. En su habitual conferencia de prensa de los lunes dijo que el predio está “vinculado al lavado de dinero llevado adelante por una empresa que tenía vínculo directo con la mujer y el hijo de Pablo Escobar Gaviria”.

“Se había detectado y la Justicia lo había embargado en el marco de la condena a estas personas. La Legislatura expropió ese edificio, un edificio narco, financiado por el lavado de dinero del narco, para darle fines sociales, por ejemplo, un vacunatorio”, continuó.

Bianco dijo que funcionó como tal “hasta que un juez federal decidió devolverle a la empresa narco el edificio, pero lo hizo de un día para el otro. Cuando te desalojan te dicen: ‘Señor, usted no puede entrar más’”.

Más tarde brindó explicaciones el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak. El funcionario publicó un descargo en su cuenta de X, donde indicó que el 13 de marzo de 2025, “de manera intempestiva, la Justicia desalojó el predio del kilómetro 46 de la Panamericana, donde funcionaba un vacunatorio y otras dependencias municipales de Pilar, sin dejar retirar los elementos de trabajo, las vacunas y los diferentes insumos que correspondían al funcionamiento del vacunatorio”.

Dijo, a su vez, que durante más de un año el lugar estuvo custodiado para hacer cumplir la orden judicial que restituía el edificio a sus anteriores dueños y dar por terminada la cesión de dicho predio al Municipio, “cuestión que imposibilitó el retiro de los diferentes elementos”, subrayó.