La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena del ex director de la Regional Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Rafael Resnick Brenner, por corrupción en la administración pública y habilitó que vuelva a ser juzgado por pedir coimas a un empresario a cambio de protección ante posibles sanciones tributarias.
La decisión también afecta a otros involucrados en la misma causa. Resnick Brenner, que había sido mano derecha de Ricardo Echegaray durante su gestión al frente del organismo recaudador en la época K, ya cuenta con una condena firme a 3 años de prisión condicional en el caso Ciccone.
La causa se conoció en 2018 cuando, por orden del juzgado federal 1 de Salta, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Rafael Resnick Brenner y a Nicolás Antonio Fili, dos ex altos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por su presunta participación en hechos vinculados con la concesión de beneficios -a través de resoluciones favorables-, a distintos contribuyentes a cambio de importantes sumas de dinero.
La fiscalía les imputó delitos de concusión, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, defraudación a la administración pública, evasión fiscal, cohecho, coacción y desobediencia judicial. De acuerdo a la investigación, los imputados habrían concedido beneficios a diversos contribuyentes a cambio de importantes sumas de dinero. Además, fueron acusados de extorsionar a empresarios, a quienes exigían dinero a los fines de no involucrarlos en causas de trata laboral.
El caso llegó a juicio, declararon empresarios que confesaron haber pagado coimas y en agosto del 2023 el Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó a Resnick Brenner -exdirector de la Regional Salta de AFIP- y a Nicolás Fili -exjefe del Área Jurídica del organismo- a las penas de 4 y 3 años de prisión por concusión (un delito contra la administración pública) en grado de autor y partícipe necesario. Pero el tribunal absolvió a los ex funcionarios junto a los empresarios dueños de la minera Santa Rita, Pablo Daniel Haddad y Federico Guijarro Jiménez que llegaron a juicio por el delito de cohecho -pasivo y activo-.
La fiscalía apeló esta decisión y la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y anuló esas absoluciones y, al mismo tiempo, confirmó las condenas dictadas. Las defensas llegaron en queja a la Corte Suprema de Justicia contra las dos decisiones.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el planteo contra la condena por inadmisibles y entendió. Lo mismo hizo con la otra presentación sobre la nulidad porque no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
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