Un proyecto de ley que crea la figura del vandalismo rural y endurece penas avanza en el Congreso nacional, ganando el apoyo de las entidades del sector y de diferentes sectores políticos.
En una sesión informativa que se llevó a cabo ayer en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, referentes de la Mesa de Enlace respaldaron el proyecto elaborado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y que es impulsado por el legislador y presidente de la Comisión, Martín Ardohain.
Asimismo, la iniciativa contó con el apoyo de representantes de diferentes bloques, inclusive de Unión por la Patria (UxP).
Por Federación Agraria Argentina (FAA) participó su vicepresidente, Claudio Angeleri; por Sociedad Rural Argentina (SRA), la vicepresidenta segunda, Eloisa Frederking; por Coninagro, su presidente, Lucas Magnano; y por CRA, César Guatti.
El proyecto crea la figura de intrusión rural, con penas de 1 mes a 1 año de prisión para quien ingrese sin autorización a predios delimitados por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión. Este, que fue uno de los puntos más valorados por el sector, va a permitir que las fuerzas de seguridad actúen ante el merodeo nocturno, la caza furtiva o el reconocimiento previo a robos, sin necesidad de esperar a que el delito ya se haya consumado.
La iniciativa, además, crea la figura de daño agravado, con penas de 2 a 8 años de prisión y multas de entre 3 y 12 veces el valor del daño causado, incorporando expresamente sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados como bienes protegidos. La pena mínima se duplica cuando el autor es un funcionario público o una persona vinculada habitualmente a la actividad agropecuaria.
En este sentido, desde la Fundación Barbechando remarcaron que “hoy, dañar un silo bolsa cargado con toneladas de granos con el consiguiente impacto puede recibir el mismo tratamiento penal que un simple rayón a un automóvil”.
Otro aspecto considerado clave y que hasta ahora se encuentra ausente del debate público es que “la afectación real de estos delitos no se mide por el valor de reposición de un bien, sino por su función dentro del sistema productivo”.
Desde Fundación Barbechando citaron como ejemplo el daño a una bomba de agua, capaz de comprometer el acceso al recurso de un rodeo completo —una vaca de cría puede necesitar entre 50 y 70 litros diarios en verano—, pudiendo generar grandes daños.
El proyecto también actualiza el delito de instigación pública, elevando la pena a 2 a 6 años de prisión para quien incite a cometer estos delitos, con una triplicación de la pena cuando la incitación se difunde por redes sociales o medios de comunicación masiva.
Desde el sector remarcaron la importancia de esta actualización «en un contexto donde la organización de hechos delictivos rurales encuentra en las plataformas digitales un canal de amplificación cada vez más determinante».
La sesión informativa es el paso previo a que se discuta un dictamen en Comisión, cuestión que desde las entidades están confiados en que se podría conseguir, teniendo en cuenta que todos los integrantes de dicho cuerpo mostraron su apoyo. De obtenerse el dictamen, el proyecto tiene vía libre para ser debatido en el recinto.
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