El anticipado clima electoral empieza a reflejarse en el Congreso, y la oposición se organiza para extender la emergencia en discapacidad por un año más.
La Ley 27.793 -actualmente en vigencia- declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, pero prevé la posibilidad de prorrogarla por un año más.
Unión por la Patria presentó un proyecto en ese sentido, encabezado por Juan Marino y el jefe de la bancada, Germán Martínez, que también consiguió la firma de legisladores de distintos espacios, incluidos aliados ocasionales del oficialismo.
Acompañaron el texto la jefa de bloque de Provincias Unidas, la santafesina Gisela Scaglia, que tiene 18 miembros; Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; la Izquierda y legisladores de Misiones y Salta que integran el bloque de Innovación Federal. También la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández, que tienen monobloques.
Si todos ellos acompañaran en el recinto, tendrían número suficiente para aprobarlo. Lo más difícil, sin embargo, es conseguir el dictamen porque La Libertad Avanza no abre las comisiones que no le interesan y la oposición debería recurrir al camino más largo por medio de la votación de un emplazamiento.
El proyecto plantea en primer lugar que la emergencia debe extenderse un año más porque la Ley 27.793 tuvo una implementación efectiva tardía y limitada, debido al veto de Javier Milei, la insistencia del Congreso, las posteriores trabas administrativas para no aplicarla y los fallos judiciales.
Señalan además que los problemas en el sistema de discapacidad persisten y que el Estado mantiene obligaciones constitucionales e internacionales de protección.
La ley, entre sus puntos principales, creó la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social (una prestación mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio) y dispuso una compensación de emergencia a los prestadores por la pérdida contra la inflación sufrida entre 2023 y 2024. A su vez, establece mecanismos de actualización.
Desde el Foro de Discapacidad vienen reclamando la extensión de la Emergencia: «Los aranceles están muy por debajo de lo necesario. Nunca se realizó el estudio de costos previsto por la ley. Siguen sin otorgarse pensiones por discapacidad. Las compensaciones de emergencia no se están pagando», publicaron en sus redes.
Y agregaron que «esta exigencia es de todos: personas con discapacidad, familias, trabajadores, prestadores y sociedad en general».
El oficialismo giró el proyecto a tres comisiones: Discapacidad, Salud y Presupuesto, las tres presididas por libertarios. Son ellos quienes tienen que convocar a un plenario para discutir el tema.
Esta semana los firmantes del proyecto que integran la comisión de Discapacidad (Marino, la jujeña María Inés Zigarán, el salteño Bernardo Biella y Nicolás Del Caño) presentarán una nota firmada para exigirle a su presidente, Gerardo Huessen, que abra la comisión.
Lo harán en los términos del artículo 109 del reglamento, que señala que «a pedido de por lo menos tres diputados integrantes de una comisión, deberán incorporarse al temario a considerar por la misma los asuntos entrados que ellos indiquen».
De todas formas, sospechan que no se va a convocar, con lo cual deberán ir por la vía del emplazamiento. Para eso, necesitan convocar a una sesión especial y votarlo con mayoría simple.
La rapidez con que lo hagan dependerá del clima político de la Cámara y el termómetro para medirlo será la sesión del próximo miércoles convocada por el oficialismo para discutir una batería de proyectos.
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