El Gobierno, con ayuda de un importante aliado, busca derogar una ley que establecía la creación de una Cámara de Casación de Santa Cruz que fue impulsada por el kirchnerismo para blindar judicialmente a Cristina Kirchner. La norma fue aprobada en 2015 pero el tribunal nunca se constituyó físicamente a pesar de que el Senado nombró a sus jueces, uno de los cuales es ex familiar de Máximo Kirchner.
La polémica fue instalada por el diputado de Santa Cruz José Luis Garrido, quien viene jugando en sintonía con el gobernador Claudio Vidal, y aprovechó un plenario de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda para pedir la baja de la ley. El aliado consiguió una rápida adhesión de La Libertad Avanza (LLA) que le dio los avales para conseguir el dictamen de comisión.
Desde el oficialismo confían en que la derogación de la ley saldrá el próximo miércoles cuando la Cámara baja se reúna para tratar los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ampliación de la Ley de Inocencia Fiscal y el proyecto de reforma de patentes.
La idea de Garrido de derogar la ley de creación de la Cámara de Apelación de Comandante Luis Piedra Buena, una ciudad ubicada a 240 kilómetros de Río Gallegos, es resistida por el kirchnerismo que se colgó de la necesidad de garantizar justicia en la región, lo que anticipa un fuerte debate la próxima semana.
Para hablar del proyecto de derogación de la Ley 27.154, hay que contextualizar el tema. Primero hay que apuntar que la propuesta fue impulsada en 2015, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, poco antes de que se iniciará la causa Vialidad que investigó los contratos otorgados al empresario K Lázaro Báez y por la que ex presidenta cumple una condena de 6 años de prisión sin posibilidad de postularse para cargos públicos.
La ley fue promulgada el 17 de junio de 2015 en medio de una discusión sobre la cuestión de fondo de este nuevo tribunal mediante el cual el kirchnerismo buscaba blindar jurídicamente a la ex presidenta, ya que así se evitaba que las causas penales federales pasen por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que es independiente del kirchnerismo.
Pero eso no fue lo único sospechoso de un proyecto que impulsaba la creación de un tribunal en un pueblo que en ese momento tenía unos 6 mil habitantes (en la actualidad cuenta con 9800). Durante el gobierno de Alberto Fernández, en noviembre de 2022 para ser precisos, los K pudieron avanzar con la designación de los jueces y entre los nombrados estuvo el ex concuñado de Máximo Kirchner y quien representó a Cristina en una instancia judicial.
Se trata de Marcelo Hugo Bersanelli, quien fue concuñado del jefe de La Cámpora, ya que está casado con Candela García, hermana de Nancy García, ex esposa del diputado nacional. Como abogado, Bersanelli representó a Cristina a fines de 2016 cuando concurrió al juzgado federal de Río Gallegos para cumplir con un trámite judicial por la causa “dólar futuro”, en una causa que investigaba el ex juez Claudio Bonadio. Junto a Bersanelli fueron designados los jueces Carlos Borges y Nelson Sánchez.
Durante el debate en comisión de este miércoles, el diputado Garrido resaltó que en Luis Piedra Buena «no hay infraestructura, no hay manera física de poder llevar adelante la Cámara de Casación». «Lo mejor sería dar de baja esta ley y que el Gobierno nacional pueda reasignar los recursos en los lugares necesarios», completó.
Frente a las presiones del peronismo, Garrido los acusó de crear «una cámara de apelaciones a medida». «El Poder Judicial que tanto criticaron ustedes lo instalaron en Santa Cruz para tener impunidad», completó.
Frente a este escenario, el cura y diputado kirchnerista Juan Carlos Molina defendió la creación del tribunal mientras que Ana María Ianni planteó que la derogación de la ley puede generar «un limbo jurídico porque no se puede retroceder con la designación de los jueces». Por eso, Jorge Araujo, también de Unión por la Patria, pidió que la cámara de casación se instale en Tierra del Fuego.
Sin embargo, Silvana Giudici confirmó la decisión del oficialismo de avanzar con la derogación de la ley y recordó que en 2024 presentó un proyecto con Ana Clara Romero para bajar la normativa. «Lo planteamos luego de razonar sobre la coyuntura política sobre la que se creó la cámara y sobre los alcances y necesidades de la región de la nueva estructura», puntualizó la legisladora libertaria, quien argumentó que el tribunal de Comodoro Rivadavia tiene capacidad para prestar justicia a toda la provincia.
Acerca del autor
