Una nueva polémica estalló en el Congreso con la decisión del Gobierno de avanzar con la intervención de la Oficina de Presupuesto (OPC), un organismo dedicado a elaborar informes técnicos para los diputados y senadores. Desde el oficialismo aseguran haber detectado irregularidades en el manejo presupuestario y en la designación del personal.
Lo cierto es que desde el comienzo de la gestión libertaria, la OPC se convirtió casi en una obsesión del Gobierno y desde la oposición se venía alertando sobre un intento de vaciar el organismo de control, que es manejado por personal técnico que fue designado por concurso.
Los libertarios dieron un golpe duro el jueves pasado en una reunión de la comisión de Supervisión Parlamentaria de la OPC convocada para las primeras de la mañana, horas después de la sesión de Diputados en la que se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otros proyectos del Gobierno se extendió hasta la madrugada.
En esa audiencia a la que asistieron representantes del oficialismo y los aliados se confirmó la renuncia del director general Gabriel Esterelles y se resolvió designar a la directora de Estudios, Análisis y Evaluación, María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont, como interina a la espera del llamado a concurso para nombrar al nuevo titular del organismo.
La decisión fue avalada mediante una resolución que lleva las firmas de los diputados Bertie Benegas Lynch (LLA) y Daiana Fernández Molero (PRO) y los senadores Agustín Monteverde (LLA) y Silvana Schneider (UCR). La comisión se completa con el senador peronista Fernando Salino y el diputado kirchnerista Carlos Castagneto, quienes no participaron en el debate.
Tras la salida del director, el oficialismo también buscará reemplazar a los coordinadores. Por eso, la comisión parlamentaria fue convocada para el próximo lunes a las 11.30 con la intención no sólo de comenzar a efectivizar las recomendaciones establecidas en la auditoría sino también de designar a al nuevo coordinador Administrativo Técnico y al de Relaciones Institucionales y Parlamentarias.
Desde la oposición alertaron de la gravedad de que la OPC «esté desfinanciada y sin producción de sus informes de cara a la sociedad y al Parlamento», teniendo en cuenta que dentro de dos semanas el Gobierno deberá presentar el proyecto de Presupuesto 2027.
La controversia se inició cuando Martín Menem empujó a principios de junio pasado «una auditoría de gestión administrativa, presupuestaria, financiera, patrimonial, legal y operativa» de la Oficina de Presupuesto dentro del período comprendido entre el 1° de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026.
Aunque, para la oposición, el problema de la OPC arrancó cuando no empezaron a gustar sus informes técnicos, principalmente aquellos vinculados a las leyes de financiamiento educativo y emergencia en discapacidad. «A partir de dicho momento empezó la persecución a sus funcionarios y equipos técnicos, por ejemplo, con su no jerarquización», explicó un legislador.
Lo cierto es que para avanzar sobre el director y los coordinadores se apoyaron en una auditoría que sólo se basó en información de la Cámara de Diputados y no se puso a la vista los datos del Senado.
Pero la maniobra que determinó la salida del director fue la eliminación del Sistema Administrativo Financiera (SAF) de la OPC. A partir de las últimas medidas, el presupuesto quedó bajo el control de Menem, lo que implicó una pérdida de independencia y autonomía, según la lectura que hicieron desde el Senado.
Desde el oficialismo aseguran que en la auditoría se detectaron irregularidades en contratos y en el manejo presupuestario. Además se mencionaron cargos sin cubrir y faltan normas de procedimiento administrativo. Pero en rigor aún no se difundieron detalles de la investigación y la información publicada está desactualizada.
En uno de los últimos movimientos de la bicameral que controla a la OPC, el senador Monteverde le remitió a Victoria Villarruel una disposición en la que se resume la situación del organismo a partir del pedido de auditoría.
En ese documento fechado el 14 de julio, el senador libertario confirma que la OPC había enviado el 9 de junio un informe de los movimientos del sistema de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, sin acompañar documentación respaldatoria de las órdenes de pago.
Además, Monteverde hace hincapié en esa presentación sobre la adquisición de un vehículo automotor mediante recursos provenientes del Fondo Especial de Reserva como así también la remodelación de un despacho.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) acusó de «forajidos» a los representantes del oficialismo que «tomaron por asalto la Oficina de Presupuesto». «Resulta inevitable recordar lo que ocurrió con la intervención del INDEC durante los gobiernos kirchneristas: cuando se debilitan los organismos técnicos, se desplaza a sus profesionales y se condiciona la producción de información independiente, se termina afectando la calidad institucional y el acceso a información confiable», remató el lilito.
Acerca del autor
