El escándalo de abuso sexual, grooming y explotación de menores que sacude al departamento Río Seco, en el norte de la provincia de Córdoba, provocó un fuerte sismo institucional que sacudió a la Legislatura cordobesa. Con más de una docena de personas detenidas -entre ellas remiseros, un agente policial y un excolaborador parlamentario-, las ramificaciones políticas de la causa encendieron las alarmas de las autoridades provinciales, que impulsaron un paquete de medidas severas para incrementar el control sobre los asesores de los legisladores y establece responsabilidades directas sobre los parlamentarios que los contratan.
La investigación judicial, impulsada a partir de las denuncias formuladas por madres de la localidad de Río Seco, sacó a la luz una red que captaba a niñas y adolescentes en situaciones de extrema vulnerabilidad social y económica. Según consta en la causa instruida por el fuero especializado, los acusados contactaban a las menores mediante redes sociales y mensajería instantánea, ofreciéndoles sumas de dinero, comida o traslados a cambio de fotos íntimas y encuentros de índole sexual.
El impacto político e institucional escaló de manera decisiva al confirmarse la implicación de uno de los principales imputados, quien se desempeñaba como asesor directo del legislador provincial oficialista Ernesto «Cañito» Flores. El legislador oficialista pidió licencia, cuando la oposición reclamaba su renuncia. El escándalo escaló y la senadora nacional Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti, también pidió que Flores renuncie.
El vendaval cayó sobre la política por las sospechas sobre el uso de recursos estatales para facilitar o encubrir actividades ilícitas derivaron en una dura ofensiva de los bloques de la oposición, que exigieron la inmediata transparencia de la nómina completa de personal y contratados del cuerpo deliberativo.
Ante la gravedad del escenario y el creciente reclamo social, la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura Unicameral, Myrian Prunotto, resolvió modificar de manera sustancial las normativas de contratación del personal de gabinete, con fuertes controles.
Nuevos requisitos para contratar asesores en la Legislatura de Córdoba y la «responsabilidad de la política»
A partir de ahora, cada solicitud deberá ser firmada por el legislador, autoridad o responsable de bloque que promueva la incorporación. Tendrá que identificar al contratado, precisar bajo qué dependencia trabajará, describir sus tareas, explicar los motivos de su incorporación y declarar expresamente que la contratación fue solicitada “bajo su responsabilidad institucional”.
A partir del decreto 206, la Cámara de Legisladores no solo endurece los requisitos de ingreso y la verificación de antecedentes penales de todo el personal que aspire a incorporarse a los bloques o despachos, sino que además fijará un mecanismo de responsabilidad solidaria e institucional. Ahora los legisladores deberán certificar formalmente las funciones de sus colaboradores y responder patrimonial e institucionalmente ante eventuales irregularidades o delitos vinculados al ejercicio del cargo.
En la Unicameral, los legisladores cuentan con cupos de contrataciones para asesores y asistentes de despacho. Hasta la fecha, los controles sobre la presencialidad y la conducta de este personal dependían casi en exclusiva de la discrecionalidad de cada parlamentario. La nueva reglamentación busca terminar con esas zonas grises, establece controles de asistencia y un protocolo de auditoría continua sobre los asesores parlamentarios.
Antes de ingresar, todo nuevo contratado deberá presentar un certificado de antecedentes penales emitido por la Policía de Córdoba; otro de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia; y un certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Los legisladores no podrán formalizar la contratación sin esa documentación. Estos certificados deberán ser renovados de manera obligatoria cada seis meses.
Por otro lado, cada asesor deberá completar una nueva Declaración Jurada de Integridad. Así, debe comprometerse a informar cualquier situación judicial relevante para el desarrollo como colaborador legislativo. Pero además, si en algún momento se produce una modificación de la situación declarada, el asesor tendrá 72 horas hábiles para comunicarla al área de Capital Humano de la Legislatura, bajo apercibimiento de rescisión contractual.
Tanto el legislador, el responsable de bloque que vaya a contratar, como las autoridades de la Unicameral que vayan a contratar personal, deberá precisar bajo qué dependencia trabajará el contratado, tiene que describir sus tareas, detallar los motivos para su incorporación y declarar expresamente que la contratación fue solicitada «bajo su responsabilidad institucional».
Según informó La Voz del Interior, todo el personal no permanente que ya trabaja en la Legislatura (1.055 empleados), tendrá 30 días hábiles para presentar los certificados, completar la declaración jurada y confeccionar su ficha de función.
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