Dos empresarios argentinos del marketing deportivo implicados en el escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA admitieron ante la Justicia de Nueva York haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol internacional para asegurarse lucrativos contratos de transmisión de TV, en un acuerdo con la fiscalía estadounidense que les permitirá evitar un juicio.
Hugo Jinkis y su hijo Mariano fueron procesados tras la investigación lanzada en 2015 por las autoridades de Estados Unidos, una causa que destapó una extensa red de corrupción en la FIFA y que involucró a la Conmebol y Concacaf, informó AFP.
El acuerdo de los Jinkis, como antes lo había sido el del ex gerente de TyC Alejandro Burzaco, es un antecedente para el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, quienes están siendo investigados en la Justicia de Miami por supuesto lavado de dinero, a través de TourProdEnter de Javier Faroni.
La Corte del sur de la Florida espera que el ex gerente de Comercialización de la AFA, Leandro Petersen, declare como testigo para avanzar en la causa que abrió una denuncia del empresario futbolístico Guillermo Tofoni. Petersen también estaría negociando un acuerdo para no ser imputado por la Justicia de EE.UU.
El caso de los Jinkis, aunque tardó 10 años, es un hipotético escenario para Tapia y Toviggino si avanza la denuncia en la Justicia norteamericana, afirmaron fuentes judiciales a Clarín.
El caso, que incluyó arrestos de altos dirigentes en Zúrich, desencadenó una oleada de acusaciones, condenas y declaraciones de culpabilidad que transformó el panorama del fútbol mundial.
Como parte de un acuerdo de procesamiento diferido, la justicia estadounidense retirará los cargos de fraude que pesaban sobre ambos empresarios.
A cambio, los Jinkis reconocieron haber participado en un esquema para defraudar a la FIFA, la Concacaf y la Conmebol, además de aceptar la confiscación de 50 millones de dólares.
Según documentos judiciales, padre e hijo acordaron y efectuaron pagos por decenas de millones de dólares en sobornos a dirigentes del fútbol con el objetivo de asegurar apoyo para obtener derechos de transmisión y comercialización de diversos torneos internacionales.
Los Jinkis, copropietarios de la firma argentina Full Play, utilizaron esos pagos ilegales para asegurarse contratos vinculados a competiciones como la Copa América y las eliminatorias mundialistas, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.
Este caso se enmarca en el denominado «FIFAgate», una historia de corrupción masiva que empezó en 1991 y que el FBI empezó a investigar con ayuda de un dirigente arrepentido, Chuck Blazer (miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y ex secretario general de la Concacaf), que había sido acusado en Estados Unidos de fraude fiscal.
En 2015, la fiscalía estadounidense acusó a miembros de la FIFA, Conmebol y Concacaf, así como a ejecutivos de marketing deportivo, por su presunta participación en esquemas de soborno. Muchos, se declararon culpables. Otros murieron en el proceso.
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