En Argentina, el principal frente judicial que enfrenta Fernando Cerimedo, el ex consultor de Javier Milei y de varios presidentes de la nueva derecha latinoamericana detenido actualmente en Bolivia, es la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Ahora, la Justicia Comercial hizo lugar al pedido de un banco privado en una demanda ejecutiva contra el consultor y su empresa Numen Publicidad y Sondeos. El reclamo se originó en un pagaré de $70 millones que Cerimedo avaló. Con intereses y costas, el monto reclamado de casi $139 millones.
Según pudo leer Clarín de los documentos originales, la Justicia Comercial intimó a Cerimedo y a la empresa Numen Publicidad y Sondeos SRL a pagar la deuda reclamada por el Banco Galicia y ordenó además la inhibición general de bienes de ambos demandados.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Comercial N°14, Secretaría N°27, en el expediente “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. c/ Numen Publicidad y Sondeos S.R.L. y otro s/ ejecutivo”, iniciado este año. La causa todavía no constituye una sentencia definitiva sobre la existencia y monto final de la deuda: se trata de una ejecución judicial iniciada por el Banco Galicia, en la que el juzgado ya ordenó la intimación de pago y una medida cautelar sobre los bienes de los demandados.
El expediente se origina en un pagaré por $70 millones emitido por Numen Publicidad y Sondeos el 10 de febrero de 2025. Según la demanda presentada por el Banco, Cerimedo figura como aval del documento por la totalidad de las obligaciones asumidas por la sociedad.
El Galicia había reclamado el capital más intereses compensatorios y punitorios. Según la liquidación presentada en la demanda, al 16 de abril de 2026 el reclamo ascendía a $138.977.808,22. Ahora, el juez Pablo D. Frick ordenó librar un “mandamiento” para requerir a los demandados el pago de los $70 millones de capital, más otros $70 millones estimados provisoriamente en concepto de intereses y costas.
Es decir, la Justicia tomó como referencia para la intimación una suma de hasta $140 millones, sin que esto implique que ese sea necesariamente el monto definitivo de la deuda.
La resolución ordena librar los despachos correspondientes para hacer efectiva la medida y también contempla la posibilidad de requerir información a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre los datos de inscripción de Numen.
Además, el juzgado dispuso que se libre oficio al Registro Único Laboral y a la ANSES para conocer, en caso de existir, información sobre el empleo del demandado.
La resolución establece también que Cerimedo y la sociedad quedan citados para oponer excepciones y constituir domicilio dentro del plazo de cinco días, bajo el apercibimiento previsto por el Código Procesal.
La causa tramita como juicio ejecutivo, un proceso utilizado para reclamar judicialmente obligaciones documentadas en títulos que permiten una ejecución directa, como los pagarés.
En su presentación inicial, el Galicia sostuvo que el pagaré fue presentado al cobro el 10 de marzo de 2025 y que desde entonces correspondían intereses punitorios. El documento establecía, según el banco, un interés compensatorio del 57% anual y uno punitorio del 28,5% anual durante la mora.
El banco también había pedido la inhibición general de bienes porque, según expresó en su demanda, desconocía la existencia de bienes suficientes de los demandados para cubrir el crédito reclamado.
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