La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que eliminará los puestos de control policiales en las ciudades, desmantelando así una de las herramientas clave ampliamente utilizadas para la vigilancia y la represión bajo el chavismo durante la última década.
Rodríguez afirmó que, en cambio, el gobierno reforzará las patrullas policiales para brindar seguridad a través de mecanismos que sean «eficaces, profesionales y respetuosos de los derechos de las personas«, durante un discurso televisado el lunes por la noche.
Esta medida supone un cambio respecto a los omnipresentes puestos de control, conocidos localmente como alcabalas, donde policías y fuerzas de seguridad, a veces enmascaradas, detienen habitualmente a automovilistas y peatones. Estos puestos se convirtieron en un elemento cada vez más visible del aparato de seguridad venezolano a medida que el gobierno de Nicolás Maduro intentaba contener las protestas y la disidencia política.
El uso de puestos de control parece haber disminuido durante el último año, especialmente en Caracas, donde los residentes reportan menos detenciones arbitrarias. Si bien aún existen puestos permanentes, algunos atribuyen este cambio, en parte, a los videos difundidos en redes sociales que denuncian abusos policiales.
“Cuando hablamos de un Estado que apoya a sus ciudadanos, también hablamos de instituciones que funcionan mejor y están al servicio del pueblo”, añadió Rodríguez.
Rodríguez hizo el anuncio durante un discurso a la nación en el que repasó los esfuerzos de reconstrucción tras los devastadores terremotos de junio y ofreció una actualización sobre la economía. La exvicepresidenta asumió el poder en enero tras la captura de Maduro y desde entonces ha colaborado estrechamente con Washington, incluso en medidas que permiten la inversión estadounidense en el sector energético de Venezuela.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, había pedido previamente la reforma de los puestos de control y la lucha contra el matraqueo, o extorsión policial para sacar dinero a los ciudadanos.
En junio, Cabello declaró que 22.000 agentes de policía habían sido despedidos tras investigaciones que duraron aproximadamente un año y medio, y añadió que los agentes que detenían a personas para extorsionarles dinero no tenían cabida en el cuerpo policial.
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