La historia clínica completa de Fabiola Yañez, informes diversos y datos sobre los custodios de Alberto Fernández que nunca declararon en la causa son algunas de las medidas de prueba impulsadas por el juez federal Daniel Rafecas, después de que la Cámara Federal porteña le ordenara que profundice la investigación por supuesta violencia de género antes de mandar a juicio el expediente. Para el Ministerio Público Fiscal, la causa debería ser enviada de inmediato al debate oral.
Cuando la Cámara confirmó la investigación contra Fernández se consignó que era necesario que el juez Rafecas realice más medidas de prueba, lo que retrasará aún más la elevación a juicio.
Un dato central es que los magistrados Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico consideraron que no había elementos jurídicos para anular toda la causa, como pretendía la defensa del ex presidente, pero consideraron que se debía ampliar la investigación, contrario a lo manifestado en dos ocasiones por el fiscal federal Ramiro González, quien dio por concluida la instrucción y solicitó que Alberto Fernández comparezca ante un tribunal de juicio.
De hecho, el año pasado la fiscalía ya había firmado el requerimiento de elevación a juicio oral para que el expresidente responda ante un Tribunal por las lesiones físicas y psíquicas de las que fue víctima su expareja durante más de una década.
La acusación que pesa sobre Alberto Fernández es por dos hechos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves, doblemente agravados por el vínculo, abuso de poder y autoridad y amenazas coactivas.
Según consta en la causa judicial, que se activó luego de una revelación de Clarín, cuando era presidente de la Nación y en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández cometió delitos que se enmarcan en la violencia de género contra la entonces primera dama del país.
La abogada de Fernández, Silvina Carreira, interpuso un planteo de nulidad contra todas las resoluciones, actos procesales y medidas dictadas por el juez Julián Ercolini en el expediente principal y sus incidentes conexos.
Sin conseguir la nulidad de la investigación, ya que la Cámara sostuvo que no había elementos jurídicos para dar marcha atrás, la defensa logró ganar tiempo. Si los jueces sólo confirmaban el procesamiento, eso allanaba el camino para que Rafecas eleve el caso a juicio oral, pero como ordenaron la realización de una serie de medidas de prueba, todo se aplazará aún más.
El planteo se arraiga en una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que cuando revisó las acusaciones contra el expresidente resolvió apartar a Ercolini de la investigación, pero confirmó todo lo actuado y el procesamiento contra el expresidente. Tras ese desplazamiento, el caso quedó en manos de Rafecas.
El embate central de la defensa apunta contra el procesamiento dictado el 17 de febrero de 2025 al entender que es «arbitrario y padece un defecto absoluto de motivación», ya que se limitó a reproducir mecánicamente los dictámenes de la querella y del Ministerio Público Fiscal, arrastrando una «contaminación derivada» de los actos previos viciados.
Todo fue rechazado por los camaristas.
Entre las pruebas que encargó Rafecas, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, se encuentra el pedido de una historia clínica completa de Fabiola Yañez.
Asimismo, el magistrado solicitó información sobre los custodios de Alberto Fernández que no declararon como testigos en el marco del expediente.
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