Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires destinaron en 2025 el 9,5% de su gasto total a erogaciones de capital, frente al 12,4% registrado en 2023 y el 9,8% de 2024.
El estudio elaboró un ranking del gasto de capital provincial correspondiente a 2025 para medir qué proporción del gasto público total destinó cada jurisdicción a obra e infraestructura.
Los resultados confirmaron una tendencia decreciente en la inversión pública provincial, aunque el comportamiento entre las distintas jurisdicciones resultó heterogéneo.
Entre 2024 y 2025, -según los datos relevados por la Fundación Encuentro- Río Negro registró el mayor incremento real de su gasto de capital, con una suba del 98,1%, seguido por San Juan, con 72,2%, y Entre Ríos, con 71,9%.
En el extremo contrario, San Luis mostró el mayor ajuste, con una caída real del 48,3%, mientras que Chaco redujo ese tipo de erogaciones un 35,8% y Jujuy un 26,6%.
Al analizar la participación del gasto de capital sobre el gasto total, Santiago del Estero encabezó el ranking con 28,8%, seguida por La Pampa, con 19,8%.
Tierra del Fuego, con 2,8%, y Santa Cruz, con apenas 1,1%, quedaron en el extremo opuesto de la tabla. De esta manera, la diferencia entre las jurisdicciones con mayor y menor participación de la inversión alcanzó casi 28 puntos porcentuales.
Por su parte, el gasto de capital de la Nación se ubicó en el 3%.
La provincia de Buenos Aires destinó durante 2025 el 6,6% de su gasto a erogaciones de capital, por debajo del promedio provincial del 9,5%, y la tendencia se profundizó durante el primer trimestre de 2026, cuando esa participación cayó al 4,4%.
El informe ubicó esos datos en el contexto del histórico reclamo bonaerense por la distribución de los recursos fiscales: Buenos Aires aporta cerca del 40% de la recaudación tributaria nacional, pero recibe el 21,2% de la masa coparticipable.
Según la Fundación Encuentro, la desigualdad en la distribución de los recursos constituye un problema estructural para la provincia, aunque señaló que esa situación “no exime de discutir cómo se asignan los recursos dentro de su propio presupuesto”.
El trabajo indicó además que los niveles de inversión en infraestructura bonaerense se mantienen, desde hace más de dos décadas, por debajo de los máximos alcanzados luego del retorno de la democracia.
Frente a ese escenario, la Fundación propuso incorporar a la Ley de Administración Financiera Provincial de Buenos Aires una regla que establezca un piso de gasto de capital equivalente al 20% del gasto total, mediante una implementación gradual.
La propuesta contempla fijar un piso del 10% en 2027, elevarlo al 13% en 2028 y al 16% en 2029, hasta alcanzar el 20% en 2030.
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