El oficialismo buscará avanzar en Diputados con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ampliación de Inocencia Fiscal y la Ley de Patentes, tres propuestas que son consideradas clave para el Gobierno de Javier Milei y que contaría con el acompañamiento de los bloques aliados.
La sesión fue convocada para el próximo miércoles a las 12 y si bien no se prevén complicaciones para La Libertad Avanza (LLA), se especula que será un largo debate por tratarse de tres proyectos de alto impacto. El dato es que el oficialismo tuvo que bajar del temario un proyecto que impulsaba la derogación de una ley aprobada durante el kirchnerismo y que creaba un tribunal en Santa Cruz para fallar en causas por corrupción.
En principio, el oficialismo contaría con los votos par avanzar con la reforma del Banco Central con el apoyo del oficialismo, el PRO de Cristian Ritondo y la UCR de Pamela Verasay. También contaría con el acompañamiento de la mayoría de Provincias Unidas, que comanda Gisela Scaglia, ya que los miembros del espacio oscilarán entre el apoyo y la abstención.
La propuesta prohíbe a la autoridad monetaria otorgar préstamos, adelantos transitorios o comprar títulos públicos en el mercado primario para asistir al Estado nacional, provincias, CABA y municipios. Además de devolverle la misión de preservar el valor de la moneda y dar de baja los objetivos de «promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social», que fueron incorporados durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El punto que genera tensión tiene que ver con la forma de remoción del presidente del Banco Central, que en el proyecto enviado desde la Casa Rosada establece que la destitución debe ser aprobada con dos tercios de ambas Cámaras. La oposición buscaba juntar los votos para modificar ese artículo.
En tanto, la ampliación del proyecto de Inocencia Fiscal, que obtuvo dictamen luego de que el Gobierno aceptara excluir a los funcionarios de la posibilidad de adherir al régimen tras el escándalo de Manuel Adorni, también tendría los votos para la media sanción.
Vale recordar que el ex jefe de Gabinete y su esposa Bettina Angeletti se inscribieron al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias contemplado en la ley aprobada a fines de 2025.
La propuesta elimina los topes previos de ingresos anuales ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones) para poder ingresar al beneficio fiscal. Además se establece una quita permanente del 25% en multas formales para las Pymes.
En la bancada libertaria están confiados de que también tendrán los votos. En diciembre, la propuesta anterior cosechó 130 votos entre el oficialismo, el PRO, la UCR, Innovación Federal y aliados provinciales como los diputados de Catamarca que responden a Raúl Jalil y los tucumanos que están alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo.
La propuesta, que persigue la misión de devolver al sistema financiero los dólares que están debajo del colchón, no tiene el apoyo del peronismo, ni tampoco de la izquierda, a los que podrían plegarse los representantes de Provincias Unidas, que ya rechazaron la iniciativa el año pasado.
La tercera propuesta que forma parte del temario tiene que ver con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT en su sigla en inglés). La adhesión a este convenio es parte de los compromisos que asumió Milei cuando firmó el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con Donald Trump.
Con esta medida, el Gobierno quiere suprimir las restricciones sobre propiedad intelectual que se impusieron durante kirchnerismo en defensa de la industria nacional. En rigor la adhesión tiene la media sanción del Senado, que se concretó durante el menemismo, en julio de 1998, pero no perdió estado parlamentario por tratarse de un convenio internacional.
Las diferencias entre el oficialismo y los aliados están centrada en el capítulo II del Tratado, que refiere al “examen preliminar internacional” de solicitud de patentes. El lobby de las empresas farmacéuticas podría torcerle el brazo al Gobierno y aplicar la «reserva» a esa normativa, como se hizo en Uruguay, aunque el PRO reclamó que se mantenga ese capítulo como se aprobó el convenio.
Para garantizar el quórum con la presencia de los dialoguistas, el oficialismo tuvo que acceder a que se incluyan en el temario proyectos de la oposición como la reducción de la alícuota a la fécula mandioca que impulsan los misioneros y reformas en los fueros judiciales de Tucumán y Mar del Plata.
Del temario quedó afuera el proyecto impulsado por el diputado aliado José Luis Garrido para la derogación de una ley que establecía la creación de una Cámara de Casación en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, en Santa Cruz. La iniciativa fue impulsada por el kirchnerismo para blindar judicialmente a Cristina Kirchner.
Pese a que Garrido contó con el apoyo del oficialismo, eso no alcanzó para que vaya al recinto, ya que el peronismo consiguió, en un plenario de comisiones, el dictamen de mayoría gracias al acompañamiento de Nicolás Massot, Alvaro González (PRO), Eduardo Falcone (MID), Juan Brügge y Alejandra Torres (Provincias Unidas), y Diógenes González (UCR), entre otros diputados.
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