La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reiteraron este viernes ante la Justicia su reclamo por la actualización de fondos destinados a gastos de funcionamiento, ciencia y tecnología y, especialmente, a los hospitales universitarios. El Gobierno sigue sin cumplir con la ley de financiamiento universitaria votada y ratificada el año pasado. El reclamo de las casas de estudio contra el Estado ocurrió durante una nueva audiencia judicial entre las partes en las que no hubo acuerdo.
A pesar del fallo de la Corte a favor de la cautelar que obligaba al Ejecutivo a girar inmediatamente los recursos para cumplir con la ley de financiamiento y cubrir la diferencia salarial que perdieron los empleados docentes y no docentes universitarios desde 2024, el Gobierno no acató.
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli fueron denunciados penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público.
La audiencia de este viernes para atender la causa de fondo había sido convocada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 de la Ciudad.
En representación de la UBA, el vicerrector Emiliano Yacobitti advirtió sobre la «grave situación presupuestaria» que atraviesan los hospitales universitarios y solicitó la asignación de los créditos contemplados en la Ley de Presupuesto 2026, independientemente del cronograma de transferencias financieras.
En mayo la principal casa de estudios del país alertó que los centros médicos podrían entrar en “una parálisis total” si el Gobierno no giraba las partidas presupuestarias correspondientes al funcionamiento operativo de esas instituciones.
Según las actas de la audiencia, a la que tuvo acceso Clarín, el CIN respaldó el planteo y sostuvo que la situación de los hospitales universitarios exige una respuesta urgente en todas las instituciones públicas que cuentan con esos centros de salud. Además, pidió celeridad tanto para la resolución definitiva de la causa como para el cumplimiento de la medida cautelar vigente.
El Ejecutivo estuvo representado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, el subprocurador, Julio P. Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez.
Los delegados del Presidente señalaron que tomaron nota de los reclamos, recordaron las medidas adoptadas por la administración y mencionaron la convocatoria a paritarias prevista para el 1 de septiembre.
También se comprometieron a analizar la asignación de los recursos solicitados, aunque insistieron en su pedido para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada en el expediente.
Consultado por este diario, el titular del CIN Franco Bartolacci se mostró componedor. «Ratificamos la necesidad de que, con celeridad, se ejecute la cautelar y se avance con la sentencia de fondo. Cada parte ratificó su posición, no hubo acuerdo y siguen las actuaciones según su estado. Desde nuestra perspectiva, la audiencia fue igualmente importante, y aspiramos tener novedades en los próximos días en el sentido de lo peticionado», esbozó el director de la agrupación que reúne a 56 casas de estudios.
Las autoridades académicas se mostraron confiados de que la audiencia generó buenas condiciones para que haya una definición ya sea por la vía legal o para que el Ejecutivo empiece a pagar.
La mediación finalizó sin un acuerdo entre las partes, por lo que la causa continuará su trámite judicial. Los gremios docentes convocaron a un paro el pasado 12 de agosto y a otro el 19.
En X, el subsecretario Alvarez se mostró más ácido y sugirió que el Gobierno no tiene los recursos para pagar. «¿El diputado esta proponiendo que paguemos los sueldos universitarios en chachos?», contestó al legislador socialista santafesino Estaban Paulón, que exige que el Gobierno cumpla con la sentencia del máximo Tribunal. El funcionario aludió a la cuasimoneda que puso en funcionamiento el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, un opositor duro.
El Congreso revocó el veto presidencial contra la ley de financiamiento, que el Presidente intentó derogar sin éxito en el Presupuesto 2026. El Ejecutivo argumenta que la ley viola vigente la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
A principios de año, tras aprobar la Reforma Laboral, el oficialismo había reunido los votos para avanzar con una nueva ley que hubiese dejado el reclamo en abstracto. Finalmente, las internas demoraron la iniciativa hasta que el cuyo capital político del Gobierno se diluyó por la defensa de Adorni, los fallos judiciales en contra y el reacomodamiento de los aliados en el Congreso.
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