Las autoridades de Chile allanaron la sede del Congreso Nacional y otras dependencias públicas en el marco de una investigación que indaga presuntos actos de corrupción en el organismo estatal encargado de administrar becas y alimentación a los estudiantes de todo el país y en la que estarían involucrados parlamentarios de distintos partidos. Se habla de desvíos por hasta 15 millones de dólares.
Según la fiscalía, las diligencias se enmarcan en las indagaciones de graves delitos de corrupción asociados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como presuntas irregularidades en los procesos de licitación.
“Llevamos a cabo una diligencia intrusiva bastante relevante para la investigación que seguíamos, que tiene relación con varios delitos que se están investigando: fraude al fisco, sobornos, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción”, explicó a los periodistas la fiscal Constanza Encina.
La operación, coordinada por la fiscalía y la brigada anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), se realizó de forma simultánea en diversas oficinas públicas y privadas de la región Metropolitana, donde está la capital Santiago, y Valparaíso, sede del Congreso. Igualmente se llevaron a cabo registros y allanamientos en las norteñas ciudades de Iquique, Copiapó y La Serena, así como en la sureña Coyhaique.
Las diligencias incluyeron entradas y registros con el fin de incautar dispositivos electrónicos, como teléfonos y ordenadores, y autorizar el acceso, extracción y análisis de contenido de correos electrónicos.
El operativo se enmarca en la investigación de eventuales irregularidades en la adjudicación de millonarias licitaciones destinadas a la alimentación de miles de estudiantes del país, administradas bajo el paraguas de la estatal Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que actúa bajo la tutela del Ministerio de Educación.
De acuerdo a la fiscal, las presuntas irregularidades habrían sido cometidas principalmente en los programas que atienden a la región de O’Higgins, en la zona central de Chile, aunque los investigadores creen que la “investigación va a dar cuenta de que también ocurrió en otras regiones del país”.
“Logramos obtener todos los los medios que necesitábamos”, puntuó Encina, adelantando que las pesquisas se desarrollan en carácter reservado y que el siguiente paso es analizar todo el material incautado para decidir si se presenta o no una denuncia formal ante los tribunales.
Encina confirmó que entre los investigados figuran parlamentarios, pero no reveló más detalles para no afectar la investigación.
Por su parte, el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, David Castro, indicó que se desplegaron más de 80 policías a nivel nacional. “Se logró finalmente la incautación de diferentes dispositivos móviles, como computadoras, teléfonos y también documentos de relevancia”, dijo.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la propia Junaeb en mayo pasado, cuando el director nacional de la institución, Fernando Peña, remitió al Ministerio Público sus sospechas sobre “hechos graves” detectados en los procesos de licitaciones, que apuntaban a una “eventual fraude de fisco, delitos de prevaricación, negociaciones incompatibles y conflicto de intereses”.
“Somos los más interesados en que esto se aclare y que la investigación avance y no decaiga”, afirmó Peña en una rueda de prensa tras conocer las diligencias de ayer.
Según las informaciones brindadas por Peña a la fiscalía en su momento, una auditoría interna arrojó anomalías calificadas como “gravísimas”, que apuntaban al pago de 14.000 millones de pesos (unos 15 millones de dólares) por raciones de alimento y comidas que nunca llegaron a los escolares.
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