En medio de las denuncias contra el Ejecutivo por desviar fondos destinados a la infraestructura vial, el peronismo le suma presión desde el Congreso y amenaza con reflotar el proyecto para coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
El diputado de Unión por la Patria (UP), Martín Aveiro, convocó este martes a la comisión de Obras Públicas para recibir a una veintena de intendentes y funcionarios provinciales -entre ellos el bonaerense Gabriel Katopodis-, quienes reclamaron por el estado de las rutas nacionales y la falta de infraestructura vial.
La Libertad Avanza y sus aliados del PRO y la UCR no asistieron a escuchar a los invitados. Además de UP estuvieron el diputado santafesino Pablo Farias, de Provincias Unidas, y Sebastián Nóblega de Elijo Catamarca.
«Vamos a seguir exigiendo a partir de alguna iniciativa de distintos gobernadores del país, que el fondo del Impuesto a los Combustibles se coparticipe y pueda ser administrado por los gobernadores y los intendentes para que esos recursos cumplan con el destino que tienen que cumplir y podamos, entonces, tener una red vial como corresponde», sentenció el ministro de Infraestructura de Axel Kicillof, al final de su discurso.
Según pudo saber Clarín, ese fue uno de los puntos que se propusieron capitanear Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner en la última reunión que tuvieron en el Hotel Emperador.
Lo cierto es que el año pasado, en un hecho inédito, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño presentaron en conjunto dos proyectos para coparticipar los ATN y el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Si bien el Senado les dio media sanción en julio de 2025, en Diputados quedaron frenados porque parte de esos mandatarios se echaron para atrás.
El impuesto a los combustibles tiene recaudación específica: una parte debe ser destinada a infraestructura vial, transporte y obras hídricas. Pero días atrás el diario La Nación reveló que el gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero solo aplicó la cuarta parte a ese destino y que mantenía más de $1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos.
Por eso, ahora el PJ quiere reflotar el proyecto para coparticiparlo y que cada provincia y municipio lo administre. «Más de $ 1,3 billones de pesos lo han destinado a la timba, a la compra de títulos. Por supuesto que la apuesta en bonos no le sirve a ningún argentino. Que vengan a dar respuesta no sólo por la malversación de fondos. Vamos a pedir que venga al Congreso, a la comisión o la Justicia a explicar también el gran negociado del sistema de peaje», agregó Katopodis y sentenció que «en los últimos tres años al impuesto a los combustibles aumentó 1230%».
La intendenta de Catriel en Río Negro, Daniela Silvina Salzotto, sentenció: «Dos mil camiones a diario circulan por la ruta nacional 151. Requieren al menos 875 litros de gasoil. ¿Saben el porcentaje que se deriva al fideicomiso? No solo tendríamos que tener la ruta bien, tendríamos que tener autopista y la posibilidad de transitar sin riesgo. ¿Quién se lleva los millones?».
Amparos, denuncia y pedido de informe contra Caputo
La semana pasada, la diputada peronista Victoria Tolosa Paz denunció ante los tribunales de Comodoro Py una presunta malversación de caudales públicos y otras irregularidades en la administración de los fondos destinados al mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional por este tema.
El foco apunta al Sistema Vial Integrado (SisVial) un fideicomiso que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial.
Tolosa Paz informó este martes que también presentó un amparo colectivo. «Para eso cobran los impuestos. Van a tener que ir a la Justicia a explicar cómo se han animado a tomar el objeto principal del impuesto y transformarlo en accesorio. Al 90,8% (de lo recaudado) le dieron destino como principal la timba, y el 10%, con suerte, fue a mantenimiento de rutas».
Por su parte, el jefe de bloque PJ, Germán Martínez, planteó la necesidad de avanzar por todos los frentes. Desde lo parlamentario, motorizarán proyectos de interpelación a Caputo y pedidos de informe para el Ejecutivo. Aunque, para eso necesitan que legisladores federales acompañen, cosa que hasta ahora no venían haciendo.
«¿Por qué no cumplen con la ley y si por qué, justamente usted, le ha endilgado un delito al Ministro Caputo?», le preguntaron este martes en Casa Rosada a Ravier, quien la semana pasada había dicho que el ministerio de Economía había destinado parte de la recaudación para «lograr el equilibrio fiscal».
Sin embargo esta vez Ravier respondió: «No se están malversando los fondos, no hay ningún delito, el propio Ministro Caputo respondió sobre este tema recientemente, se respeta el Presupuesto donde se asignan las partidas destinadas».
Caputo había declarado en su última visita a Catamarca que «lo que efectivamente se invierte es en lo que se aprueba en el presupuesto nacional» y que «esa es la obligatoriedad». «Es decir, la asignación específica no implica que haya que invertir todos los fondos porque hay, a veces, formas más eficientes de hacerlo”, declaró.
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