La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero en la compra de una mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, quede a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que los jueces de la Sala I de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky resolvieron un conflicto de competencia. Los dos primeros habían sido recusados para no intervenir.
El conflicto se daba entre el juzgado de Campana y el tribunal Penal Económico 10, a cargo actualmente de Verónica Satraccia, y donde hasta este viernes se encontraba el expediente. Casación sostuvo que el delito de lavado de dinero es propio de la justicia federal y no del fuero penal económico, que tiene una especialidad que no alcanza al blanqueo de activos. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia para que la causa siga en el fuero penal económico.
El fallo puede ser apelado para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el fiscal de Casación Mario Villar, quien había pedido esta semana que la causa siga en el fuero Penal Económico.
En rigor, los jueces Barroetaveña y Borinsky no dijeron que la causa vaya al juzgado de Campana sino que resolvieron «a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que tome razón de lo aquí resuelto y, sin dilaciones, las remita al juzgado federal criminal y correccional de su jurisdicción de oportuna y previa intervención». Es decir el juzgado de Campana.
El pase de la causa a la justicia de Campana lo solicitaron los dos principales investigados Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, quienes figuran como dueños de la propiedad de 105 mil metros cuadrados con helipuerto y un galpón en el que se encontraron 54 autos de lujo y colección pero que no tienen la capacidad económica para comprarlos. La sospecha es que son testaferros de Toviggino porque en la propiedad se encontraron elementos del tesorero de la AFA y Pantano tenía una tarjeta corporativa de la asociación con la que pagaba los telepase de los autos.
El argumento es que la propiedad está en Pilar, donde tiene jurisdicción el juzgado federal de Campana y por lo tanto, si el lavado es sobre la casa, se debe investigar allí. También subyace la cercanía que muchas le asignan al juez González Charvay con la AFA y a la política de Pilar, donde además la asociación busca mudar su sede.
De hecho, el magistrado le reclama a otros jueces que le envíen expedientes donde se investiga a la AFA y a su presidente Claudio «Chiqui» Tapia por otros temas, como el manejo de los millonarios fondos en el exterior.
Con esta decisión, González Charvay volverá a tener el expediente y es el cuarto magistrado que pasa por la causa que se inició en diciembre pasado.
Primero estuvo a cargo del juez federal de Comodoro Py Daniel Rafecas, luego pasó al magistrado del fuero Penal Económico Marcelo Aguinsky hasta que recayó en González Charvay. El magistrado de Campana allanó la sede de la AFA en Capital y el complejo de Ezeiza y ordenó hacer un peritaje contable sobre los fondos de la entidad para determinar si se desviaron para comprar la mansión, una de las hipótesis de la investigación.
A mediados de junio la causa volvió al fuero penal económico a cargo de Straccia. Pero la discusión siguió y llegó a Casación, donde este miércoles en una audiencia el fiscal Villarpidió que el expediente siga en ese tribunal y la defensa de Pantano y Conte que regrese al juzgado de Campana. La discusión central es que fuero investiga el delito de lavado de dinero.
Previo a la audiencia, los jueces Barroetaveña y Borinsky fueron recusados. El primero por la ex diputada nacional Elisa Carrió y por el empresario Guillermo Tofoni porque fue presidente del Tribunal de Ética de la AFA hasta diciembre pasado. Y Tofoni también pidió apartar a Borinsky por resoluciones contradictorias en la causa. Los planteos fueron rechazados porque ninguno es parte de la causa.
En el fallo, el juez Slokar votó por rechazar el pedido de los presuntos testaferros de Toviggino para que la causa vuelva a la justicia de Campana. «No se ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio», sostuvo. Pero aclaró que el delito de lavado de dinero es de competencia de la justicia federal.
Por su parte, los jueces Barroetaveña y Borinsky aceptaron el pedido de la defensa. Señalaron que el delito de lavado de dinero es de competencia de la justicia federal y hasta ahora el único que se investiga en la causa, más allá de lo que pueda arrojar la investigación.
En esa línea, los camaristas explicaron que el fuero penal económico investiga los delitos que la ley establece, como la evasión tributaria, el contrabando, los cheque sin fondos y el régimen penal cambiario. Y que ninguna norma le da a sus tribunales la investigación por lavado de dinero.
Casación remarcó que todo lo que se hizo en la causa hasta ahora está convalidado y con el regreso del expediente al juzgado de Campana se abre una nueva etapa en la causa. Otra vez.
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