Desde que se inició en diciembre pasado la causa por la compra de la mansión de Pilar, 14 jueces pasaron por el expediente. Desde magistrados que tuvieron a cargo la investigación hasta los que resolvieron en qué juzgado debía tramitar. Una causa con ideas y vueltas, laberintos de apelaciones y tribunales, y un resultado: ninguna definición sobre responsables de si hubo lavado de dinero.
Hubo allanamientos, declaraciones de testigos y una pericia en marcha para determinar si la propiedad es de quien se sospecha: el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Y una interminable pelea para ver quién lleva el caso: la Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes que la causa regrese al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Todo empezó en diciembre del año pasado cuando la Coalición Cívica de Elisa Carrió presentó una denuncia para que se investigue la compra de la mansión de Villa Rosa, en Pilar, de 105 metros cuadrados con helipuerto, cancha de paddle, pileta, varios cascos y un galpón para autos.
La propiedad está a nombre de Real Central, una empresa que pertenece a Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte que no tienen la capacidad económica para comprarla. Pantano fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown.
La causa quedó a cargo del juez federal de Comodoro Py Daniel Rafecas. Pero la mandó al fuero Penal Económico porque entendió que debía tramitar allí por el tipo de delito. Javier López Biscayart, entonces a cargo del juzgado 10 Penal Económico que está vacante, no compartió el criterio y se la devolvió a Rafecas, quien allanó la propiedad y encontró allí el primer indicio de Toviggino: había un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central a su nombre. Pero además en el galpón había 54 vehículos de lujo y colección con cédulas azules para manejarlos a nombre de familiares del tesorero de la AFA.
Ese disputa entre Rafecas y López Biscayart fue resuelta por el juez de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia que entendió que la causa debía investigarse en Penal Económico. Volvió al juzgado 10 de ese fuero pero ya con el juez Marcelo Aguinsky, quien planteó una hipótesis: la mansión pudo haber sido comprada con plata de la AFA a partir de una administración fraudulenta a la entidad.
Es porque en su investigación determinó que Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que gastaba 50 millones de pesos por mes y pagaba los telepase de los autos de la mansión. Entonces Pantano ya no era empleado de la asociación.
La defensa de Pantano y Conte se presentaron en enero en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y le pidieron que asuma la causa porque Pilar, donde está la casa, es su jurisdicción. El juez le pidió la causa a Aguinsky pero lo rechazó.
Así, intervino la Cámara Federal de San Martín -superior del juzgado de Campana- y el camarista Alberto Lugones resolvió que la causa debía ser de González Charvay. Uno de los argumentos fue que la AFA pasó su sede a Pilar pero en rigor todavía era un baldío.
González Charvay allanó la AFA en busca de documentación y ordenó una treintena de medidas de prueba, entre ellas un peritaje contable sobre los fondos de la AFA desde 2019 para determinar si desde allí se usaron recursos para comprar la mansión.
Los fiscales del caso no compartieron el criterio y apelaron para que intervenga la Cámara Federal de Casación Penal y la causa vuelva a Penal Económico. Los jueces Mariano Borinsky, Angela Ledesma y Javier Carbajo resolvieron, hasta ahí: dijeron que esa decisión la tenía que tomar la Cámara Penal Económico.
Así, los jueces de esa Cámara, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, resolvieron en junio que la investigación debía volver al fuero Penal Económico. Y regresó al juzgado 10, donde ya no estaba Aguinsky, sino Verónica Straccia. La magistrada delegó la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial.
Pero la defensa de Pantano y Conte -los únicos presentados en la causa- apelaron el fallo de la Cámara para que intervenga la Cámara de Casación nuevamente y ordene que la causa regrese a Campana. Allí, el fiscal Mario Villar sostuvo que el expediente debía seguir en Penal Económico. La discusión es qué tribunal debe investigar el delito de lavado de dinero.
Y este viernes intervinieron los últimos jueces: Diego Barroetaveña, nuevamente Borinsky y Alejandro Slokar. Los dos primeros -Barroetaveña fue presidente del tribunal de Ética de la AFA hasta diciembre cuando inició la causa- resolvieron que la causa debía volver al juzgado de Campana. Slokar votó que no correspondía tratar la apelación.
Con ese fallo, la causa tendrá un nuevo-viejo destino con el expediente en Campana. Pero podría no ser el último. El fallo de Casación puede ser apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la causa sumar así tres jueces más.
Son los laberintos de la Justicia, muchas veces hechos para que no se puede salir.
Acerca del autor
