Los aliados condicionan el avance del Súper RIGI en el Senado y el oficialismo negocia modificaciones para poder darle luz verde. Eso dilatará su aprobación porque el texto tendrá que volver a Diputados -donde ya se votó en junio- para su ratificación.
A diferencia de lo que ocurrió con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -el cual avanzó rápido en comisiones pero después perdió capítulos enteros en el camino al recinto- La Libertad Avanza no quiere firmar el dictamen de comisión hasta que no esté todo acordado y los votos garantizados.
Después de cuatro reuniones informativas, el oficialismo confirmó que deberán hacerle cambios al texto para que avance. Sin la UCR, el PRO y las bancadas provinciales, La Libertad Avanza no tiene los votos suficientes. Y son esos los espacios que están pidiendo retoques. También lo hicieron representantes del sector industrial, como la UIA, cuando expusieron en la comisión.
Uno de los puntos que seguro sufrirá modificaciones tiene que ver con la claúsula del «Compre Argentino», que fue una incorporación de la Cámara de Diputados para conseguir respaldo, pero en el Senado piden perfeccionarla.
Esa condición estableció que los proyectos que entren al régimen deben destinar al menos un 20% de la inversión en proveedores locales. Sin embargo, lo que están pidiendo ahora es que se haga una especificación sobre bienes transables -los que se pueden importar y exportar- porque la experiencia del RIGI sentencia que sólo se utilizaron proveedores locales para servicios o mano de obra.
Por ejemplo, en el proyecto minero «Vicuña» en San Juan, que ingresó al RIGI con una inversión de 18.000 millones de dólares, la construcción de los primeros módulos para vivienda vendrán de China.
Tanto el PRO como la UCR hacen hincapié en esto y que se fije algún tipo de control y multa si se incumple.
Es lo que solicitó la Unión Industrial Argentina (UIA) durante el debate en comisión. «Pedimos que ese 20% se aclare que sea exclusivamente para bienes producidos en el país, hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente. Proponemos reformular el artículo 17 para que el plan de proveedores se enfoque en bienes de producción nacional», sentenció Diego Leal, presidente del Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la UIA.
En la misma línea, el director institucional de SIDERSA, Pablo Cattoni, señaló: “Creemos firmemente en esta herramienta y, por eso, aportamos nuestra experiencia para perfeccionarla. Estamos convencidos de que las inversiones pueden realizarse apostando por empresas nacionales como proveedoras”.
La empresa ingresó al RIGI para construir una planta en San Nicolás de los Arroyos, con una inversión de 300 millones de dólares. “Todos nuestros proveedores son argentinos, salvo los de maquinaria importada”, afirmó.
Los más ambiciosos incluso están pidiendo elevar el mínimo del «Compre Argentino» del 20% al 30%.
También hay legisladores que plantean advertencias sobre el consumo energético de algunos proyectos concretos, como los data centers. Por eso, piden que se establezca como condición que las inversiones de ese tipo deban garantizar su autoabastecimiento energético.
Otros solicitan que se amplíe el régimen y que no sea solo para nuevas industrias, sino que también puedan adherir industriales para proyectos que aporten un valor agregado.
Hay, a su vez, legisladores que responden a gobernadores que buscan que haya una mayor participación de las provincias en los estudios previos para autorizar los proyectos.
El Súper RIGI busca atraer inversiones de al menos US$1.000 millones en sectores que actualmente no están desarrollados en el país o que se encuentran en una etapa experimental. Entre las actividades alcanzadas se encuentran los negocios vinculados con la Inteligencia Artificial, la producción de baterías de litio y la fabricación de vehículos eléctricos, entre otros.
Para incentivar estos proyectos, el régimen contempla una serie de beneficios fiscales, entre ellos reducciones en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, una menor carga impositiva sobre los dividendos, exenciones de derechos de importación y exportación y reducciones en las contribuciones patronales.
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