Se puede arrancar con números tomados de organismos internacionales, de consultoras y de especialistas locales, útiles para describir dónde quedamos parados en eso que ya representa un déficit estructural acumulado por años de desinversión. En cualquier variante, el resultado es un agujero que tiene la forma de carencias, cuanto menos de trabas, que tocan o rozan servicios básicos: desde salud, educación, transporte y costos de vida hasta agua potable y comunicaciones.
Se trata, sin más vueltas, de la inversión en infraestructura económica y social para el desarrollo que precisa un país como la Argentina. La actual oscila alrededor de 16% del PBI, un registro inferior al que había en el cuarto trimestre de 2025 y menor aún a los de 2020 y 2021, o sea, a los de hace 5 o 6 años. Puesta en plata de hoy, la brecha respecto de una media considerada razonable equivale a pensar en arriba de US$ 30.000 millones.
Sólo para añadir a la ronda de comparaciones y por si alguien pregunta, en Brasil la inversión en infraestructura, aún retrasada, anda por el 20% del PBI, otro tanto muestra Perú y 26% Chile.
De vuelta al panorama local, lo que ya está a la vista significa bastante más que un problema financiero cuando se lo cruza con una economía que viene para atrás y tiene por delante un modelo que prioriza, a rajatabla, el equilibrio y hasta el superávit fiscal por encima de otras urgencias. El ordenamiento decidido desde el poder político pone en primer lugar al pago de la deuda externa (en divisas), empezando por los intereses, por encima de la inversión y cuidando que la inversión no desborde los límites del plan.
Acoplado corre, así, el recorte de las transferencias a las provincias, esto es, el traslado del ajuste nacional al interior del país y de ahí a lo que aparece más a tiro en los balances provinciales: las obras públicas, sean rutas, caminos, puentes, desagües u otras en algún sentido similares.
Al interior del paquete, el combo que suma a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, con un 52,2%, y a Córdoba y Santa Fe, con el 15,8%, se proyecta a más de dos tercios de la economía nacional y expresa, en sí mismo, el impacto de la distribución de las cargas que parte desde el área que depende del ministro Luis Caputo.
Según consultoras especializadas, sólo en el primer trimestre de 2026 el saque a las transferencias provinciales fue de 6,4% real, o sea, descontada la inflación. Si se quiere, “ahorro nacional” y federalismo a la libertaria.
Y como nada de esto termina en los números de las planillas fiscales ni por lo mismo resulta definitivamente inocuo, la onda expansiva se proyecta a las economías regionales, a los costos y los precios de las producciones y a los ingresos de quienes orbitan al interior y en los alrededores de este universo.
Pocos componentes del PBI expresan mejor el horizonte y la capacidad productiva del país que la llamada formación bruta de capital fijo (FBCF), una medida de la inversión total donde confluyen la inversión pública y la privada. Tampoco hay para descorchar de verdad, aquí: la FBCF retrocedió 15,6% en el primer trimestre de 2026 respecto de 2025 y coronó así cuatro bajas consecutivas.
Añadidas, la inversión maquinarias y equipos bajó 18,1% y 19,6% la de equipo de transporte. Esto es, máquinas para la industria y el agro y camiones y vehículos que transportan bienes generados en actividades productivas; gran parte producción local y empleos locales.
Por si hace falta aclararlo, toda información de fuentes oficiales. Y para completar, el pregón del ministro Caputo siempre en plan vendedor: “Entramos en un proceso virtuoso. El caso argentino genera interés en el mundo y eso es un atajo para las inversiones”. Habría que avisarle al INDEC.
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