El gobierno logró aferrar a sus aliados pero el precio de esas adhesiones es cada vez más alto

El gobierno logró en el Congreso una prueba de fidelidad de sus aliados, que desnuda la dependencia que tiene de ellos para un plan de reelección presidencial. También alza el costo de esas adhesiones que comprometen al gobierno en lo que más le cuesta proteger: los dineros públicos. El objetivo del oficialismo es demostrarles a los observadores que le miden la musculatura —riesgo país, llegada de inversiones, facilidades para financiarse, etc.— que tiene un control sobre la política.

El resultado de la aprobación de la nueva carta orgánica del Banco Central logró un número notable de votos, 144, algo que el gobierno no suele tener en proyectos más importantes y sin tanto sentido testimonial como éste o el de la inocentada fiscal. La mayoría de las votaciones que suele sacar en Diputados están apenas por encima de los 129 votos necesarios para sesionar.

Como ejemplo, en junio pasado logró aprobar en Diputados el ambicioso proyecto de Super-RIGI – una versión renovada de la vieja y cara promoción industrial de la que abominaban los ayatolas de la ortodoxia – por apenas 131 votos. A las 144 adhesiones a la reforma del BCRA hay que descontar 22 que son prestados —12 del PRO, 2 del MID, ocho radicales—. Sin esas adhesiones tiene 122, no llega al quórum (129).

Lo más difícil para un gobierno débil de origen es repartir un poder que no tiene. Milei ha tercerizado la gestión en exfuncionarios de Cambiemos para desarrollar planes también imaginados antes de 2023 para los candidatos de esa coalición que se quedaron afuera del ballotage (Horacio y Patricia). Ahora dice que no le alcanzan los cuatro años de un mandato para desplegar esa gestión de penetrante aroma macrista. Mauricio Macri ya le ha dicho, y al público, que el PRO/macrismo puede hacerse cargo de los siguientes cuatro años. Esa decisión del principal socio le quita el otro insumo que está obligado a producir un político: futuro.

Macri ha validado por ahora el lanzamiento de la candidatura presidencial de su exministro Hernán Lacunza. No se distrae Mauricio ni un instante en el acoso de pinzas al gobierno. El mismo jueves cuando mandó a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis a negociar con el gobierno una alianza para 2027, habilitó a su círculo más estrecho de operadores para que se pongan a disposición de Lacunza. El protocandidato apareció en un escenario de luces, el restaurante Marcelo de la Recoleta, para cenar largamente con Jorge Triaca, Humberto Schiavoni – estrategos mayores de Macri -, Martín Goerling —jefe del bloque de senadores del PRO y vocero alterno de Macri para tomar distancia del oficialismo— y Paula Bertol, que coordina equipos técnicos del partido. Repasaron largamente el cuadro de situación para el proyecto alternativo del PRO.

Como si fuera un accidente, Lacunza ejerce un cargo de director del Banco de Córdoba. Esa provincia es la segunda en cantidad de votos del país y un proyecto ganador tiene que contar con el apoyo de ese distrito. Fue clave en la victoria de Macri entre 2015 y 2019 y también en la de Milei en 2023, detrás de quien se volcó todo el electorado macrista y también el de Juan Schiaretti.

El miércoles pasado, el exgobernador sumó su voto y el de Alejandra Vigo, esposa del principal asesor económico del cordobesismo, Osvaldo Giordano (a quien le atribuyen vara alta también en la administración del Anses) a los 144 que respaldaron en Diputados el proyecto de reforma del BCRA. Estas adhesiones le dan una aura nueva al eventual proyecto del gobernador Martín Llaryora para 2027. Será su reelección o una aventura presidencial detrás del voto del centro moderado que hoy no tiene candidato, y que busca desmarcarse de las alternativas de la polarización extrema entre el pejotismo del AMBA y el no pejotismo, hoy cautivo de Milei. En ese proyecto la presencia de Lacunza en el gobierno de Llaryora tiene seguramente un rol.

Goerling venía de la sesión en el Senado en donde el gobierno puso a prueba su capacidad de negociación. En esa cámara los aliados ya aseguran votos para suspender, al menos, las PASO. No hay aún acuerdo para otros capítulos de la reforma del sistema electoral. Pero ahora puede ir a buscar apoyos entre los gobernadores para desmontar las primarias que pueden comprometer a un gobierno que no tiene partido y que, de haber PASO, vería con la ñata contra el vidrio cómo la oposición se arma para ganarle las elecciones.

Se trata de quitarle al peronismo un mecanismo de organización interna. Ya bajaron la creación de colectoras, un sistema de lemas que beneficiaría más al peronismo que al mileísmo. Si el gobierno logra suspender las PASO abre una relojería estremecedora para todos, porque habilitaría a que Axel Kicillof desdoble las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Una herramienta valiosa para el peronismo que ya demostró el año pasado que en elecciones locales no le cuesta mucho ganar. En Buenos Aires la ley obliga a que las PASO provinciales se hagan el mismo día de las PASO nacionales, pero si el sistema se suspende se le facilita a Kicillof desdoblar fechas.

En esa sesión se cumplieron los acuerdos para que se omitieran hostigamientos al gobierno a cambio de un apoyo en bloque a la aprobación de los acuerdos de los jueces. En el cierre del debate José Mayans hizo menciones a falencias del sistema de inteligencia del Estado. Escuchaban todos callados, esperando que las cosas no desbordaran. Pero cuando Mayans mencionó el nombre «Cerimedo», recibió una andanada de ataques de Nadia Márquez y de Patricia Bullrich. Peligraba el acuerdo de convivencia para sacar jueces sin derramamiento de sangre. La Márquez pareció indisciplinarse ante la consigna de convivencia, que Patricia prefirió acatar. Cuando le tocaba cerrar el debate como jefa del bloque de LLA, se quedó callada y pidió que se votase. Ponderó más no ahondar el cisma con el peronismo, ahora que ya sumó las adhesiones de los aliados en la cámara para reabrir el debate en septiembre sobre reforma política.

Las bancadas de LLA son de difícil control por parte de los comisarios políticos en la cámara. Hay cuentapropismo de contramano que desprotege posiciones. En la última sesión en la bicameral de Inteligencia, dos diputados que representan al oficialismo se retiraron dejando al oficialismo en minoría. El espíritu acuerdista que domina en esa misteriosa bicameral permitió que el peronismo no hiciera ninguna picardía cuando vio que quedaban solo los representantes del Senado.

Se ocupa en estos días Jorge Brito de desmentir que esté afiliado al PJ del distrito Salta. Lo había publicado en estas columnas varias veces y nunca había sido desmentido hasta ahora. Lo hice confiando en fuentes seguras que ahora se desmienten. Revisé el padrón de afiliados y realmente su nombre no aparece allí y debo admitir el error. Brito sí me aparece registrado con un domicilio en la finca San Javier, Departamento Anta, localidad Joaquín V. González de la provincia de Salta. No interesa si era afiliado o no al PJ, pero sí es pertinente detenerse en qué motivo tiene para que justo ahora busque el sr. Brito aclarar que no pertenece al partido de la oposición. Eso sí es pertinente a la campaña que llevan adelante dirigentes que funcionan como armadores y embajadores de una iniciativa que sus voceros desdibujan con desmentidos.

Es natural que Brito mantenga reserva sobre proyectos políticos por la naturaleza del negocio que administra con éxito. Encabeza uno de los bancos más importantes del país y es agente financiero, a través del Banco Macro, de cuatro provincias: Salta, Jujuy, Tucumán y Misiones. Es hijo del banquero del poder desde los años ’90 y tutor de importantes dirigentes políticos, además de haber construido un grupo financiero exitoso que va más allá de la banca.

Brito (h) ha emulado los pasos de Macri en la escala del poder, como presidente de River Plate. Se ha mantenido, sin embargo, fuera del escenario público. Si se desmarca del peronismo es una señal de que aspira a manejarse por otros carriles que las dos grandes familias políticas que concentran el 75/80 de los votos en todas las elecciones.

No hay casos de presidentes exitosos que hayan jugado por afuera de ese esquema de pejotismo vs. no pejotismo. Tampoco de candidatos que se hayan mantenido fuera del escenario público o que no revelen su ambición. Aunque las elecciones no son un negocio de candidatos sino de formaciones políticas, que mantienen su adhesión a las dos familias, cuales fueren sus candidatos y la suerte que hayan tenido en la función. Si no fuera así, el peronismo que encabezó en 2023 Sergio Massa no hubiera sacado 44% de los votos en la segunda vuelta. Ni Macri-Pichetto hubieran ganado en 2019, perdiendo las nacionales, en cinco de los siete distritos más grandes de la Argentina. Los candidatos, además, tienen que mostrar hambre de poder o cierto grado de locura, el delirio divino que los griegos le atribuían a los profetas y a los poetas. Lo han tenido, en variados grados, todos los candidatos que han jugado en Primera A.

Es explicable que el grupo que integran Emilio Monzó, Nicolás Massot, Diego Bossio, Bruno Screnci y otros que actuaron con éxito en 2015 en la construcción de la candidatura victoriosa de Mauricio Macri, aparezcan – en consulta con Jaime Durán Barba – tan interesados en discutir con sus pares del Congreso y de otros partidos la posibilidad de una candidatura presidencial como de un outsider. Todo postulante a prosperar en la política se dice outsider, pero les cabe la misma frase que le dedicó a sus colegas el coiffeur Fabio Cuggini: «Acá cualquiera se dice peluquero». Acá cualquiera se dice outsider, buscando una emulación con el exitoso Milei, que no tiene nada de outsider, porque ya en 2023 era un insider del peronismo sciolista y también del entramado empresarial.

Si Brito, hijo del banquero más importante de la política y ligado al peronismo, aclara que no tiene partido, tendrá que buscar quien le arme la carpeta. Muerto Jorge Landau, que le armó los papeles a candidatos en encrucijadas domiciliarias como Daniel Scioli, deberá buscar algún experto del nivel, digamos, de un Oscar Agost Carreño. Este diputado trabajó también en la construcción de la candidatura de Macri en Córdoba, el segundo distrito con más votos del país, capital nacional del antikirchnerismo y distrito fetiche para Mauricio cuando hacía política.

Por ahora el gobierno puede confiar que esos aliados mantengan el compromiso con la agenda de bloqueo a un triunfo del peronismo en las elecciones. Pero estas adhesiones tienen un precio cada vez más alto, a medida que avanza el tic tac hacia las elecciones de 2027. Para pagar, el oficialismo solo cuenta con dinero. Es el único capital que tiene. Si fuera un gobierno fuerte podría también repartir poder. Como es débil no cuenta con otra forma de pago. Pagar con poder sería controlar a sectores de La Libertad Avanza que les complican la vida a los aliados en algunas provincias. Porque no le obedecen a Olivos salvo que también les paguen a ellos. El peor de los mundos.

Esas fidelidades resbaladizas ponen a Milei en el filo de decisiones muy delicadas si quiere sostener su plan de reelección. Si entrega lo que los aliados y los gobernadores del peronismo amistoso le piden, esmerila sus pretensiones de implantar candidatos de La Libertad Avanza en todas las provincias. Lo primero que le pedirán esos aliados es que Olivos saque las manos de los territorios. Pero si entrega dinero, abre los grifos del gasto que se comprometió a bloquear para dibujar esa ficción del equilibrio fiscal, que algunos niegan y consideran un producto de la contabilidad creativa.

Dejo el asunto a los expertos, o a los opinadores audaces que juran por el argumento que figura el último documento de revisión del plan —la nota al pie de la Tabla 2 (Operations of the Central Government / Operaciones del Gobierno Central) del IMF Country Report (Argentina: Eighth Review under the Extended Arrangement dice que “el saldo primario en base caja no refleja el devengamiento total del costo financiero de las letras y bonos del Tesoro cuando los intereses se capitalizan (capitalized interest). Al sumar ese costo devengado al gasto por intereses, el resultado financiero integrado muta del superávit informado al terreno deficitario en torno al 0,8% del PBI”.