Seguros: ahora ordenaron una pericia contable para saber si hubo perjuicio al Estado con las maniobras de Alberto Fernández

El juez federal Ariel Lijo ordenó realizar una pericia contable para determinar a cuánto asciende el perjuicio que se habría ocasionado a las arcas del Estado, con la maniobra que tiene bajo investigación por presuntos hechos de corrupción a Alberto Fernández. Se trata del caso Seguros, donde se investigaron 45 contratos firmados por organismos oficiales con Nación Seguros con la participación de 25 brokers del rubro. El principal beneficiado con esa operatoria fue Héctor Martínez Sosa, íntimo amigo del ex presidente y pareja de su secretaria privada, María Cantero. Son trece puntos que los peritos de la Corte Suprema de Justicia, deberán responder.

Lejos de los más de 100 puntos periciales que las defensas pretendían, el juez Ariel Lijo fijó 13 puntos que deben ser respondidos por los especialistas.

La resolución especifica que se trata de una «metodología contable estricta». Por ello, se exige que cualquier cuantificación económica se «exprese mediante una base histórica a valor nominal original y su respectiva actualización en moneda homogénea».

Esta tarea se encomendó al equipo interdisciplinario del Cuerpo de Peritos especializados en Corrupción de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJAYCO) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los cuales «deberán presentar informes mensuales sobre sus avances».

La pericia, según se explicó en la resolución, busca determinar, de manera concreta, «cómo fueron las operaciones vinculadas con los seguros contratados por la ANSES y si, a partir de ellas, se produjo un perjuicio económico para Nación Seguros S.A. y, en definitiva, para fondos públicos».

Para eso, se pretende reconstruir qué empresas y personas intervinieron, qué función cumplió cada una, cuánto dinero se pagó, a quién se le pagó, por qué concepto y si esos pagos tuvieron una justificación económica real.

En particular, según determinó el juez Ariel Lijo, los peritos deberán analizar si las compañías que participaron tenían capacidad económica para asumir los riesgos de las pólizas; cómo fueron seleccionadas; cuánto se cobró por los seguros y cuánto se terminó pagando por los siniestros.

Otros de los puntos a esclarecer por parte de la pericia técnica, es qué obligaciones asumió efectivamente cada empresa, como así también qué servicios prestaron los productores e intermediarios. Al respecto, se deberá establecer cuánto cobraron por ellos; y si existió una relación razonable entre esos servicios y las sumas abonadas.

Dentro de los puntos periciales, el magistrado solicitó que los especialista reconstruyan el recorrido del dinero entre las distintas empresas y personas involucradas y establecer, en la medida de lo posible, si alguna de esas operaciones produjo una pérdida o un perjuicio económico y cuál habría sido su monto.

Así, en cumplimiento con las directivas de la Cámara del Fuero, se ordenó la medida que consta de 13 puntos principales que los peritos deben responder obligatoriamente, abarcando áreas críticas.

Es relevante para la justicia poder contar con una trazabilidad de pagos y comisiones (Intermediarios). Motivo por el cual se pidió una reconstrucción de los flujos de fondos y pagos de comisiones realizados a intermediarios y productores asesores —específicamente nombrando a firmas como San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., TG Bróker S.A., Paris Bróker S.A. y otras— para verificar si existió una contraprestación real por servicios efectivamente brindados.

Al delimitar el trabajo a realizar, el juez Lijo desestimó planteos de las defensas y querellas que pretendían incorporar puntos «ajenos al objeto procesal delimitado por el Superior, o bien aquellos que implicaban una mera duplicación de información ya reunida en el expediente».

La causa Seguros se encontraba a punto de ser enviada a juicio oral. En el expediente, el ex Presidente se encuentra acusado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Uno de los hechos atribuidos es la firma por parte de Fernández del decreto 823/21, por el cual todos los ministerios y organismos del Estado nacional tenían que contratar a Nación Seguros. Tras esa decisión, el broker Martínez Sosa -amigo de Fernández- y sus empresas cobraron el 60% de las comisiones de los contratos de seguros.

Las negociaciones incompatibles atribuidas a Alberto Fernández se sustentan en el lugar que Martínez Sosa ocupa en ese ranking de empresarios beneficiados con los contratos supuestamente amañados.

Cuando la Cámara de Apelaciones -que revisa lo actuado por los jueces de instrucción-, confirmó los procesamientos, la abogada de Fernández, Mariana Barbitta, llegó ante la Casación Federal para reclamar diversas medidas de prueba no realizadas y que según su parecer podrían modificar la situación procesal del ex mandatario.

El máximo tribunal penal no se pronunció sobre el fondo -si Alberto Fernández cometió delitos de corrupción o no- sino que ordenó a la Cámara que había confirmado la acusación dictada por el juez federal Sebastián Casanello, que revise la decisión y evalúe si hay más medidas que se pueden realizar.

En cumplimiento de esa orden, los camaristas Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah dictaron la falta de mérito al expresidente y el caso volvió a la instancia de instrucción.

Cuando comenzó la causa, radicada en el Juzgado Federal 11, fue el juez Julián Ercolini quien inició la investigación y realizó la primera ronda de indagatorias.

Como se trata de un juzgado vacante que se va subrogando rotativamente, fue el juez Sebastián Casanello quien junto a otras medidas de prueba, rresolvió procesar a Alberto Fernández, a Héctor Martínez Sosa, a su esposa y y secretaria de Fernández, María Cantero, y a un extenso listado de empresarios.

Ahora, el expediente nuevamente en instrucción se encuentra en manos de otro reemplazante en el juzgado 11: Ariel Lijo.

Recientemente, el juez firmó un oficio al que accedió Clarín, donde dio cuenta de las medidas de prueba sugeridas por la Cámara Federal en aquel fallo a través del cual se dictó la falta de mérito.

Uno de los puntos centrales ordenados fue la realización de una pericia técnica.

Lijo recordó que los jueces de la Cámara de Apelaciones se inclinan a “avalar la hipótesis del magistrado en punto a que las erogaciones que se realizaron en favor de los intermediarios significaron un perjuicio patrimonial para Nación Seguros”.

Pese a ello, los camaristas coincidieron la necesidad de que se “practique un peritaje de la especialidad que incluya todas las variables propias de estos hechos, a fin de profundizar técnicamente este aspecto, y de forma previa a la eventual instancia de debate público”.

En virtud de ello, “se debe profundizar el estudio contable acerca del daño producido a las arcas públicas; pues lo provisorio del auto de mérito no significa o sugiere atravesar la instrucción sin contar con el detalle – lo más certero posible – de la lesión económica que el delito en cuestión exige», dijo el juez Lijo.

Junto a la labor en curso encomendada a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, se ordenó “disponer la realización de un peritaje de especialidad al Cuerpo de Peritos especializados en Corrupción de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Cuando se notificó la decisión a los abogados de los acusados, designaron peritos de parte y propusieron puntos de pericia, que suman cien aspectos a revisar,según pudo confirmar Clarín de fuentes judiciales.

La medida de prueba ordenada por el Tribunal superior, le permite a Alberto Fernández “ganar tiempo frente a la decisión que se debe tomar, que es si se lo vuelve a procesar o no”. Es decir: quedó lejana la posibilidad de que esté cercano a ser enviado a juicio oral.

Además de la pericia contable, Lijo también tomó varias declaraciones testimoniales requeridas por la defensa de Fernández, entre ellas la de Vilma Ibarra (ex secretaria Legal y Técnica), Miguel Pesce (ex titular del Banco Central) y el exministro de Economía Martín Guzmán.

Una vez que todas las medidas concluyan, el juez deberá resolver si vuelve a procesar a Alberto Fernández.

Todo inició con el Decreto 823/2021. Esa decisión de Alberto Fernández obligó a todas las jurisdicciones y entidades del Estado nacional a contratar de forma exclusiva sus pólizas de seguro a través de Nación Seguros.

Durante la pesquisa se determinó que pese a tratarse de contrataciones de Estado a Estado, Nación Seguros habilitó la intervención injustificada y direccionada de 25 intermediarios o brokers privados.

El beneficio mayor de estas contrataciones recayó sobre el broker Héctor Martínez Sosa.

Parte de las millonarias comisiones cobradas por los brokers luego eran derivadas mediante maniobras financieras e instrumentos alternativos, incluyendo el uso de cooperativas que funcionaron como financieras informales para lavar o mover el dinero.

Las comisiones que pagó el Estado ascendieron 3.364.522.944 pesos. Es la suma total en pesos que el Estado pagó a los intermediarios privados en concepto de comisiones por la firma de las pólizas públicas.

En función de ese daño ocasionados se habían dictado embargos por $14.600 millones. Ese monto d trabado por la Justicia sobre los bienes de Alberto Fernández al momento de dictarle el procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública y otros delitos de corrupción.