La Corte Suprema de Justicia de la Nación le solicitó al Cuerpo Médico Forense que elabore un protocolo de salud para unificar criterios médicos que sirvan «como orientación para la decisión sobre la procedencia de la detención domiciliaria» de personas que actualmente están alojadas en cárceles.
La decisión fue tomada por los tres jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, a través de la acordada 21/2026 del viernes pasado. El Cuerpo Médico Forense tiene 30 días para presentarle a la Corte el protocolo para su posterior aprobación.
La medida alcanza a todo tipo de preso y no distingue delito, edad o estado de su causa judicial, informaron a Clarín fuentes judiciales. En temas de salud y detenidos siempre hay un reclamo de los genocidas de la última dictadura militar de que están en cárceles comunes cuando padecen problemas de salud.
La última estadística de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación de junio pasado marcó que de las 519 personas que están presas por causas de lesa humanidad 440 lo están prisión domiciliaria y 79 en unidades penitenciarias.
«Este abordaje sistemático permitirá estandarizar la tarea propia de los auxiliares de la justicia especializados en ciencias médicas y aportará un análisis particularizado de cada caso en función de las prestaciones e infraestructura disponibles», sostuvo la Corte Suprema sobre el objetivo del protocolo.
Los jueces recordaron que la Constitución Nacional establece que las cárceles «serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas» y que la ley establece la prisión domiciliaria para determinados casos, uno de ellos por temas de salud.
«La alternativa de la prisión domiciliaria está orientada a garantizar la vigencia de principios humanitarios en la ejecución de las penas privativas de libertad -que también se proyecta a las detenciones cautelares- y a la tutela efectiva de los derechos constitucionales a la vida, a la integridad y a la salud de las personas privadas de libertad», recordaron Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.
La última estadística nacional – el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) que analiza datos de detenidos de todo el país- marcó que al 31 de diciembre de 2024 en Argentina había 12.643 personas con prisión domiciliaria y/o monitoreo electrónico. El número es menos del 10 por ciento del total de presos: para la misma fecha había 133.585 personas en unidades penitenciarias o en dependencias policiales o de fuerzas de seguridad
El máximo tribunal sostuvo que para evaluar una prisión domiciliaria por temas de salud los jueces, por no tratarse de su especialidad, deben recurrir a la opinión de médicos, por lo que se deben sistematizar los criterios científicos para su análisis.
Así, dispuso el “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados” para «organizar y uniformar la tarea de constatación de los aspectos médicos y penitenciarios legalmente exigidos, y que sirva como orientación para la decisión sobre la procedencia de la detención domiciliaria».
Los jueces también resaltaron que se busca «dotar a los magistrados de herramientas que posibiliten contar con mejores elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud».
El protocolo deberá incluir con el mayo posible posible los exámenes e informes médicos de los presos para constatar su estado de salud y que se verifique en cada caso «las condiciones concretas de detención y de la factibilidad de llevar a cabo el tratamiento indicado para la patología dentro del establecimiento penitenciario.
«Asimismo, y con el fin de evaluar la verificación de las concretas condiciones de detención con aquellas necesarias para su recuperación o adecuado tratamiento de acuerdo con las conclusiones médicas reportadas en cada caso, se deberá protocolizar la información que deberán brindar las autoridades penitenciarias a cargo del interno», concluyó el máximo tribunal.
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