El creciente endeudamiento y morosidad familiar se instaló en la conversación pública, al punto de generar la respuesta de Javier Milei contraria a tomar acciones desde el Gobierno, y se convirtió en un eje de iniciativas opositoras como las medidas anunciadas por los mandatarios peronistas Axel Kicillof y Ricardo Quintela, y la marcha encabezada por la CGT el jueves pasado. En el Congreso, los bloques no oficialistas presentaron una batería de proyectos y buscarán forzar su tratamiento, hasta el momento frenado por La Libertad Avanza y sus aliados.
Las propuestas para regular a las billeteras virtuales y entidades no bancarias, limitar las tasas y los costos de los préstamos, y ofrecer algún alivio a los sobreendeudados llegaban a 28 en una primera revisión de los referentes opositores para tratar de unificar un texto, y luego ascendieron a 34 o más. “Sube como un taxímetro”, graficó uno de los diputados involucrados en el intento de coordinación.
A diferencia del año pasado, cuando la oposición consiguió imponer leyes vinculadas al financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y en discapacidad, e incluso revertir vetos de Milei, luego del recambio legislativo de diciembre el escenario quedó más favorable al oficialismo y no avanzaron iniciativas sin el respaldo del Gobierno. En el caso del endeudamiento familiar la perspectiva tampoco resulta favorable a los impulsores de los proyectos, aunque insistirán en línea con la resonancia social y política del tema.
En la sesión convocada en Diputados para este miércoles, en la que el oficialismo procurará avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la inocencia fiscal bis, además de proyectos para contentar a los aliados, los opositores planean mocionar el emplazamiento de las comisiones a las que fueron girados los proyectos vinculados a las deudas. Descuentan que no reunirán la mayoría especial requerida para imponer una discusión fuera del temario, pero lo harán para medir fuerzas y de paso exponer a los aliados. “Si llegamos a 129 el próximo paso va a ser pedir una sesión especial”, fijaron como objetivo en alusión al número clave necesario para alcanzar el quórum.
Entre los proyectos presentados, el radical Pablo Juliano propone un procedimiento judicial de rehabilitación financiera para las personas en situación de insolvencia y sobreendeudamiento estructural, además del deber para los proveedores de garantizar el acceso a información clara, completa y comprensible sobre las tasas de interés, el costo financiero total, las comisiones y demás, y también la obligación de realizar una evaluación razonable de la capacidad de pago de los usuarios. A su vez prohíbe el hostigamiento, las intimidaciones y la comunicación con terceros como mecanismos de presión para la cobranza.
Vanesa Siley, de Unión por la Patria, impulsa una plataforma digital para deudores y acreedores, a cargo de la ANSES, para unificar y reestructurar las obligaciones. El organismo, como ejecutor intermediario, determinaría la capacidad de pago que no podría superar el 33% de los ingresos. El socialista Esteban Paulón presentó cuatro proyectos, uno de ellos para modificar la ley de Concursos y Quiebras, y que los jueces puedan reducir o eliminar los intereses o disponer la nulidad parcial de crédito.
Además de los bloques que elaboraron proyectos, los opositores buscarán sumar a diputados de espacios provinciales –o a exponerlos en caso de que no lo hagan-, incluso los que responden a gobernadores cercanos a la Casa Rosada como el santafesino Maximiliano Pullaro, el entrerriano Rogelio Frigerio o el alcalde porteño Jorge Macri, que dispusieron medidas contra el endeudamiento.
En sus últimas apariciones, Milei descartó intervenir en lo que consideró un “problema entre privados”, aun cuando los endeudados superan los 20 millones de personas y más de un cuarto está en mora. “No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando”, aseguró el Presidente, y lo adjudicó en parte a la compra de televisores para el Mundial: “¿Ustedes creen que los que hicieron eso no sabían lo que estaban haciendo?”.
Kicillof lo consideró “cínico, además de una falsedad absoluta y espantosa”, al presentar una serie de medidas desde los “ámbitos limitados” de la provincia de Buenos Aires. “Quien se endeuda lo hace para pagar alimentos, medicamentos, el alquiler. En sentido figurado sí hay una pistola en la cabeza”, replicó el gobernador, y reclamó una “respuesta nacional” por la potestad regulatoria sobre las instituciones de crédito. En ese sentido los opositores cuestionaron la derogación en el DNU 70/23 de las disposiciones de la ley 25.065, que sancionaban las tasas abusivas y limitaban los intereses punitorios.
A su vez, el riojano Ricardo Quintela firmó el jueves un DNU para crear un régimen de protección de usuarios de créditos de consumo, para “limitar prácticas abusivas y fortalecer los controles”. Desde esa provincia aclararon que no implicará desconocer deudas sino intervenir frente a situaciones de abuso o condiciones desproporcionadas.
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