Nadia Beller pasó su primera jornada en su casa de Santa Cruz de la Sierra tras su internación en la Clínica Las Américas. No será citada en la semana por la fiscalía tal como pretende porque en esa dependencia no quieren «revictimizarla» ya que para las autoridades de esa oficina judicial, pese a los comentarios maliciosos que circulan en esta ciudad boliviana sobre la denuncia de la joven, es una «víctima» de un intento de feminicidio. Pero sí podrá ampliar su declaración el 7 de septiembre, en Cámara Gesell, ante el juez de la causa.
Este lunes el ministerio público dirimirá la situación los únicos detenidos por el caso: un hombre y una mujer que permanecen «aprehendidos» por su presunta «complicidad con los atacantes». De hecho, la detenida sería pareja de uno de los presuntos sicarios, conocido como «Juancho», y que permanecía prófugo hasta este domingo.
La joven expareja de Fernando Cerimedo, que fue atacada el lunes 17 por dos supuestos sicarios en las escalinatas del Swissotel de la segunda ciudad en importancia del país del altiplano, acusa al asesor especial del presidente Rodrigo Paz de haber instigado el intento de asesinato.
En principio, la abogada y activista intenta demostrar que fue víctima de «un crimen de Estado». Declaró a Clarín que el consultor la habría mandado a matar para que no contara sobre sus actividades y sobre el caso de violencia de género que sufrió en junio pasado por parte de su entonces pareja.
El juez Wilson Espada valoró como «indicios» de la acusación los chats de las comunicaciones extraídas en el celular de Cerimedo. Esas comunicaciones, según el ministerio público, echarían por tierra la versión del «autoatentado» que difundió la defensa del consultor político.
El abogado de la víctima, Jerjes Justiniano, dijo que en uno de esos chats aparece una frase que cobró mucho relieve con el paso de los días “O la eliminamos o estamos jodidos”, en referencia a la abogada atacada pocas horas después.
Pese a la intentona de la defensa en la extensa audiencia celebrada el viernes 21 en el Palacio de Tribunales, por impugnar esa prueba, el juez Espada la validó como «indicio» en esa etapa de la instrucción.
Lógicamente el abogado Ernesto Giraldes, principal patrocinante del ex asesor de Javier Milei, en la apelación pedirá la extinción de los «cinco riesgos procesales» en los que fundamentó el magistrado para dictar la prisión preventiva por seis meses del acusado.
También se resolverá en la audiencia de apelación, que se celebrará en dos semanas, el pedido de la fiscalía para que Cerimedo sea trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en las afueras de La Paz, donde impera un clima más riguroso.
Desde el viernes por la noche el malogrado consejero del presidente Paz pasa sus horas en un pabellón cerrado del penal de Palmasola, a 10 kilómetros de Santa Cruz, en un entorno más «amigable».
La investigación es encabezada por la fiscal Yolanda Aguilera que busca a los dos atacantes de Beller. Por lo pronto, continúan en situación de «aprehendidos», según informaron en el ministerio público a este diario, un hombre acusado de haber proporcionado el arma a los tiradores y la detenida por tener en posesión uno de los cascos que utilizaron los sospechosos y ser pareja de uno de los supuestos sicarios.
Este lunes, en este sentido, se realizará una audiencia para tratar las medidas «cautelares» respecto a los dos detenidos en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), cuyos precarios calabozos cobijaron a Cerimedo durante sus primeros días de detención. Para los investigadores, hay fuertes indicios en que en que ambos «prestaron colaboración» a los atacantes de la joven abogada.
Para la fiscalía las «dos heridas de bala en la parte superior del cuerpo de Beller» echan por tierra las teorías conspirativas que se ciñen sobre la ex militante del MAS de Evo Morales, ya que estuvo en riesgo su vida. De hecho, si bien fue dada de alta el sábado por la tarde deberá continuar con un tratamiento ambulatorio que incluye controles médicos, estudios y sesiones de fisioterapia.
La joven sigue haciendo públicas sus denuncias a través de su cuenta de Facebook: la última apuntó a un hombre vestido con una campera amarilla «que dijo ser policía e intentó ingresar a mi habitación (de la clínica). Cuando en el hospital se cuestionó por qué no estaba uniformado, respondió que iba a cambiarse. Después nunca volvió a aparecer».
Íntimamente, la abogada considera que pudo tratarse de otro sicario enviado para atentar contra su vida. Desde entonces, incluso durante su estadía en la citada clínica, es fuertemente custodiada por efectivos de la Policía Boliviana.
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