El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó este viernes el procesamiento del agente inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta, el hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y el joven Tomás Hválica, quien creó el sitio web Dark PFA, acusados de haber integrado una asociación ilícita que espió a ministros de la Corte Suprema y miembros de la justicia federal.
El hacker Ezequiel Nuñes Pinheiro y abogados.Zanchetta, además, se comunicaba con el ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputado de Cristina Kirchner, Rodolfo Tailhade, durante el intento de juicio político K contra la Corte, en el 2022 y 2023. Y éste diputado avisaba a un grupo de periodistas K cuando salían los datos en la página web Dark PFA.
“La actuación coordinada en la recopilación masiva y sistemática de datos personales, patrimoniales y migratorios de altas autoridades del Poder Judicial de la Nación (jueces de la Corte y de la Cámara Federal de Casación Penal) que llevó a cabo Zanchetta, reflejan que no se trató de averiguaciones aisladas, sino de una labor funcional orientada a abastecer de información sensible a la estructura criminal”, sostuvo el fallo.
Y agregó que “se acreditó a través de la prolongada actuación conjunta de la organización, la cual accionó contra diversos miembros del Poder Judicial de la Nación, entre febrero de 2022 y mayo de 2023″, meses antes de la condena a la ex presidenta en la causa Vialidad.
En efecto, «la reiteración de las intrusiones, el mantenimiento de la plataforma ‘Dark PFA’ con asignación de créditos ilimitados y la constante recopilación de información personal, dan cuenta del carácter estable y continuo de la estructura criminal, lo cual permite acreditar fehacientemente la estabilidad y permanencia de la banda criminal”.
El sitio en Internet usado por el hacker que intrusó el celular de Marcelo D’Alessandro.La causa por el espionaje a los jueces, que investiga Martínez De Giorgi, tiene varios focos. Una es la denuncia que investiga la creación de líneas telefónicas a nombre de ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros. La otra es el hackeo a través de la maniobra llamada Sim Swapping que sufrieron dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y dos jueces que llevaban adelante el juicio Vialidad contra Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Por el caso fue detenido inicialmente Nuñes Pinheiro, un joven misionero que reconoció que en agosto del 2022 se contactó con él, vía Telegram, el usuario “ElJuanxd” y le hizo pasó una serie de encargos. El objetivo eran los celulares de jueces y funcionarios. Tras pagarle, “ElJuanxd” desapareció, declaró en indagatoria.
También estuvo detenido y está procesado Ariel Zanchetta, un ex policía federal que el mismo día del hackeo a Borinsky buscó sus datos en base SudamericaData, en donde sólo en 2022 había hecho otras dos mil búsquedas de magistrados, políticos y artistas –varios de ellos luego hackeados-. Zanchetta se excusó diciendo ser periodista, pero en sus diálogos quedó expuesto que era un agente inorgánico de la SIDE, tal como sostuvo la fiscalía.
Del análisis inicial de los dispositivos de Zanchetta, se imputó y ordenó el allanamiento del ex funcionario de AFIP y miembro de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, quien hablaba con el espía y le encargaba “objetivos” y operaciones como la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, enfrentada con La Cámpora, en la interna K. También mantuvo diálogos con el diputado Tailhade. “Conu” Rodríguez logró evadirse de la policía cuando fue a buscarlo a sus oficinas y recién se presentó cinco días después en los tribunales para entregar sus celulares y dispositivos.
En los últimos meses, Martínez De Giorgi también decidió llamar a indagatoria a la indagatoria de Tomás Patricio Hválica, el joven que creó el sitio DARK PFA, el lugar desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera. Y se amplió la declaración indagatoria de Nuñes Pinheiro y de Zanchetta.
Según describió el fallo, la maniobra se llevaba adelante en tres pasos: “1) la obtención de información acerca de las víctimas, a través del acceso ilegítimo a bancos de datos personales; 2) la toma de control de las líneas de telefonía celular, por medio de un cambio de tarjeta SIM de la empresa Movistar (maniobra informática que se conoce como “sim swapping” que consiste en la obtención de una tarjeta SIM asociada a su línea de teléfono por parte de una persona que, para eso, debe hacerse pasar por la víctima ante la operadora de telefonía celular) y; 3) el acceso ilegítimo a las aplicaciones de comunicación de las víctimas (Whatsapp, Telegram y/o Facebook)”.
Martínez de Giorgi, juez federal. En ese sentido “se comprobó que Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro llevó a cabo maniobras que permitieron -entre otros aspectos- mediante la modificación de datos originales de las líneas telefónicas, tomar el control de los abonados telefónicos y lograr el acceso a las plataformas Telegram y Whatsapp de los cuatro magistrados damnificados”, se afirmó.
En tanto, precisó el fallo, “Hválica, en su carácter de administrador del sitio web «Dark PFA» bajo el usuario de Telegram @pr1sox, llevó a cabo maniobras que permitieron -entre otros aspectos- brindar a Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, acceso ilimitado a dicha plataforma web para consultar el número de trámite de DNI, en la ejecución del hecho”. Hasta ahora no se sabe quién les pidió los hackeos y quién les pago a los jóvenss.
Sobre Zanchetta se acreditó que pidió informes a la empresa SudamericaData Group SRL de los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda; de los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi; de Silvio Federico Robles, Director General ante la CSJN, del juez Federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro y del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, dijo el juez.
“Corresponde afirmar que Ariel Pedro Zanchetta se encargó de recopilar información sobre datos personales, patrimoniales y migratorios de funcionarios del Poder Judicial de la Nación, entre ellos los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal –Dres. Borinsky y Hornos-, Jueces de Tribunal Oral Federal –Dres. Giménez Uriburu y Basso-, y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –Dres. Lorenzetti, Rosatti y Maqueda-, así como de otros funcionarios y magistrados”, se añadió.
En el caso de Giménez Uriburu, además, tras tomar el control de su línea telefónica se efectuaron solicitudes indebidas de sumas de dinero a contactos del Magistrado registrados en las aplicaciones de su cuenta Telegram y Whatsapp, con destino/transferencia a una cuenta de Mercado Pago registrada a nombre de Julián Matías Bellido con alias “julian.01”, ya procesado en otra parte de la causa.
Desde la página web Dark PFA, se ofrecía la venta de accesos e información de bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), y que sus responsables eran los titulares de los usuarios de Telegram @pr1sox, @pibetranki, @boludeada y @akaxspirit.
El dispositivo telefónico de Hválica –cuyas copias forenses aportó la dependencia fiscal-, surgen menciones del usuario o sus interlocutores, referentes a la venta de accesos a bases de datos de diferentes páginas pertenecientes a entidades públicas y privadas, así como también a delitos como el «carding» -uso no autorizado de tarjetas de crédito de diferentes personas-.
Nuñes Pinheiro en su declaración indagatoria explicó que el usuario “Pr1sox” de Telegram le regaló la cuenta en Dark PFA con créditos ilimitados para la búsqueda de información, a cambio de eventuales recuperaciones de líneas telefónicas.
Los hackeos a Borinsky y Hornos no constituyeron un hecho aislado. Por lo contrario, “esos datos fueron aportados y utilizados de forma mancomunada con Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, Tomás Patricio Hválica -y eventualmente con terceros aún no individualizados-, a fin de posibilitar la intrusión en sus líneas telefónicas y concretar las maniobras bajo investigación”. Es decir, aún falta identificar miembros de la organización de espionaje ilegal.
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