El Gobierno incorporó la prevención y el tratamiento de la ludopatía entre las funciones del Ministerio de Salud y redefinió el esquema de control estatal sobre los alimentos, asignando a Economía la fiscalización sanitaria de toda la cadena agroalimentaria y reservando para la cartera sanitaria las tareas de «rectoría» y «normatización» en esa materia.
Los cambios fueron establecidos mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 771/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que modificó distintos artículos de la Ley de Ministerios.
Uno de los cambios centrales establece que el Ministerio de Economía pasará a «entender en la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria, forestal y pesquera«, además de la «normalización, registro y control de la sanidad, calidad higiénico-sanitaria e inocuidad» de productos agroalimentarios, bebidas, aguas minerales, dietéticos y alimentos acondicionados durante todas las etapas de producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación y exportación.
Al mismo tiempo, el decreto dispone que el Ministerio de Salud deberá «intervenir en la normatización y rectoría en materia de alimentos, en el ámbito de su competencia».
En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostiene que corresponde que la cartera sanitaria ejerza esa función para que las políticas vinculadas a los alimentos se orienten prioritariamente a «la protección y promoción de la salud de la población«.
La norma también modifica las atribuciones vinculadas a productos de higiene, cosmética y uso doméstico. A partir de ahora, Salud continuará interviniendo en la fiscalización de medicamentos, productos biológicos, drogas, hierbas medicinales y material de aplicación médica, además de participar en «la determinación de las sustancias prohibidas y de uso condicionado de los productos de higiene, tocador, cosmética humana y de uso doméstico».
Otra de las novedades incorporadas por el decreto se refiere a la ludopatía. El Gobierno estableció que Salud deberá «entender en el diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con la prevención y tratamiento en materia de consumo de sustancias psicoactivas», así como también en la «prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía en juegos de azar y apuestas».
Para justificar la decisión, el decreto cita información del Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria Argentina 2025, según la cual más de una cuarta parte de los estudiantes manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año. El texto agrega que «la prevalencia es significativamente superior en las modalidades desarrolladas mediante plataformas digitales«.
En los considerandos, el Gobierno define a la ludopatía como un trastorno caracterizado por la «pérdida de control sobre la conducta de juego», la persistencia de esa conducta pese a sus consecuencias negativas y la afectación progresiva de la salud mental, la economía personal y familiar, las relaciones sociales y el desempeño educativo y laboral.
Además, sostiene que la ludopatía presenta «características comunes con otros consumos problemáticos» y que la prevención, detección temprana, asistencia y rehabilitación de las personas afectadas constituyen intervenciones propias de las políticas públicas de salud.
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