Los incidentes ocurridos durante la protesta del 12 de junio de 2024, durante y después del debate por la Ley de Bases, siguen escribiendo nuevos capítulos en la Justicia. Este martes, uno de los detenidos recibió un revés de la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que rechazaran su intento de conseguir la suspensión del juicio a cambio de abonar 250 mil pesos.
El acusado, identificado como Brian Ezequiel Ortiz, fue detenido durante la violenta jornada en las puertas del Congreso de la Nación. Está acusado de los delitos de intimidación pública y atentado agravado contra la autoridad, por presuntamente haber agredido a policías.
Más de dos años después del hecho, su defensa presentó un pedido de suspensión del juicio a prueba —también conocida como probation—, basándose en que Ortiz no tiene antecedentes penales; tiene trabajo y arraigo; aceptaba realizar tareas comunitarias y se ofrecía a pagar 250 mil pesos como reparación económica.
Además, según su defensa, las imágenes disponibles demostrarían que no agredió a los policías. De acuerdo con lo expuesto en el fallo, el imputado «se encontraba simplemente acorralado en una esquina junto a otra persona que ya fue sobreseída por la misma prueba, sin desplegar agresiones ni propinar golpes hacia los efectivos policiales, desvirtuando así la imputación en su contra y demostrando el uso desmedido de la fuerza por parte de los preventores».
No obstante, el pedido de Ortiz fue rechazado por el juez Gustavo Marcelo Hornos, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado sostuvo que el fiscal Mario Villar y el Senado de la Nación, como querellante, habían dado razones concretas y suficientemente fundamentadas para oponerse a la probation.
El juez subrayó también que en este caso deben considerarse las circunstancias específicas y la gravedad del hecho, por lo que, consideró, no es simplemente un conflicto entre particulares que pudiera resolverse con una reparación económica.
Por último, detalló que es de «interés público superior en que este conflicto no sea resuelto mediante una salida alternativa, sino a través del debate oral y público».
Autos y contenedores quemados, explosiones de bombas molotov y enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía. En medio de la sesión por el proyecto de Ley Bases en el Senado, se registraron graves incidentes en las inmediaciones del recinto parlamentario.
Los primeros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes ocurrieron pasado el mediodía, cuando incluso legisladores peronistas se vieron afectados por gas pimienta. Y volvieron a sucederse por la noche, tras la aprobación en general del proyecto.
El pico de tensión fue en horas de la tarde cuando manifestantes arrojaron bombas molotov y piedras. Las fuerzas del protocolo antipiquetes respondieron con gases lacrimógenos y el uso de carros hidrantes.
Además de arrojar proyectiles, se dieron vuelta e incendiaron en la calle un automóvil del medio cordobés Cadena 3. Luego voltearon al menos un vehículo más y lo incendiaron. Ante ello, los senadores de la oposición pidieron un cuarto intermedio para solicitar el cese del operativo policial.
Desde las fuerzas de seguridad confirmaron que en aquella jornada por los incidentes hubo más de 30 detenidos: 13 de parte de la Policía Federal Argentina (PFA) y 18 de la Policía de la Ciudad, y más de 20 agentes heridos.
Además, el Gobierno porteño tasó la suma necesaria para reparar la zona afectada en más de 278 millones de pesos, en ese marco, Jorge Macri declaró sobre los detenidos: «Son delincuentes, hicieron un desastre y van a tener que pagarlo».
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